HIDALGO – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha detenido a 33 personas después del operativo que había presidido en horas de la madrugada para asegurar la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul establecida en Tula, Hidalgo; en esta ocasión son cooperativistas y familiares que resguardaban dicho inmueble.
Las personas han sido puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH): 31 acusadas de “desobediencia y resistencia de particulares” y dos más por portación de armas, al encontrarles –según la FGJEM– en posesión de dos fusiles de calibre 38.
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El primer delito, de acuerdo al Código Penal Federal, es cuando alguien se niega a cumplir una orden legítima o un servicio de interés público, o se opone a través de la violencia al actuar de un servidor público. En tanto, los pobladores de Tula acusaron que el ingreso policial había sido con violencia y que hubo agresiones.
La planta estaba en poder de un grupo disidente que tiene problemas con la facción que lidera Víctor Manuel Velázquez Rangel, quien hoy celebró la “recuperación” de este inmueble, que desde el 17 de agosto de 2022 estaba fuera de operación tras un corte de energía eléctrica, pero tenía un lustro en posesión del grupo opositor, dirigido por Federico Sarabia Pozo, detenido el 31 de agosto último por miembros de la Fiscalía General de la República (FGR).
La empresa se habia dividio en dos facciones tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas de la mesa directiva en 2020. Los dos grupos se han acusado de prácticas corruptas como los desvíos y malversación de recursos y de materiales.
A su vez se culpan tras las muertes que ha dejado dicha confrontación: son ocho víctimas de acuerdo al informe oficial, en horas de la madrugada del 27 de abril de 2022, en un intento de toma de la planta, ubicada en el antiguo poblado de Jasso, hoy nombrado Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
La Procuraduría de Hidalgo ha sostenido que en el operativo que la Fiscalía mexiquense ejecutó durante la madrugada “para restituir la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en acato a lo ordenado por un juez de control del Estado de México”, no hay personas desaparecidas y tampoco personas fallecidas, como inicialmente mencionaron cooperativistas.
No obstante, lo que no hay mención es cobre la autoridad estatal es que el reportero Alejandro Torres Castañeda, del medio local Noticiero Retrovisor, había acusado de una agresión policial durante la cobertura del operativo. Las acciones habían quedado captadas en un video que fue difundido en las redes sociales.
“La Policía de Hidalgo acudió desarmada a resguardar a la población civil para evitar que se repitieran los antecedentes violentos que tienen relación con esa planta”, expuso la PGJEH, además de asegurar que “todos los detenidos fueron inscritos de manera oportuna al Registro Nacional de Detenciones, cuya consulta es pública y abierta”.
Lo anterior, es porque familias habían denunciado que no localizaban a 31 personas tras la intervención policial, y exigían a las autoridades precisar si habían sido detenidos, bajo qué cargos, y dar a conocer el sitio en el que se encontraban.
Por el ingreso al inmueble –en poder de un grupo disidente– se reportaron disparos de arma de fuego, movilización social, el poblado fue sitiado y el operativo contó con el refuerzo de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y las policías municipales de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan.
En Ciudad Cooperativa se suspendieron las clases y se registraron confrontaciones tras la acción encabezada por la Fiscalía del Estado de México y la restitución del inmueble al grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel.
Por los hechos en Tula, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició la queja de oficio CDHEH-VT.TA-0051-26 para determinar posibles violaciones a las garantías individuales en el marco del operativo.
