Moscú tacha la acusación de “infundada” y la atribuye a una “venganza del ‘lobby’ anticubano de Miami” para “ajustar cuentas” con el líder histórico de 95 años.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha expresado este 20 de octubre su “categórico rechazo y firme condena” ante la orden de arresto emitida por un juez de Miami (EE.UU.) contra el exdictador Raúl Castro.
La Cancillería rusa recuerda que las evaluaciones políticas y jurídicas de los sucesos de febrero de 1996 —que Washington imputa personalmente a Raúl Castro— ya fueron establecidas en la resolución 1067 del Consejo de Seguridad de la ONU el 26 de julio de ese mismo año.
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“En ella no se incluye ningún llamamiento a tomar medidas para exigir responsabilidades personales a nadie. Esto significa, de facto, el consenso del Consejo (incluido EE.UU.) de que, en ese aspecto, el incidente quedaba zanjado”, subraya el ministerio ruso.
“La presentación, más de 30 años después, de una acusación infundada y rebuscada no parece otra cosa que una venganza del ‘lobby’ anticubano de Miami y un deseo de ajustar cuentas con Raúl Castro, quien en junio cumplió 95 años”, señaló el organismo.
La Cancillería también advirtió que seguir exacerbando las tensiones en torno a la nación insular —que atraviesa momentos “extremadamente difíciles” por un bloqueo comercial, económico, financiero y energético “sin precedentes”— puede desestabilizar a toda América Latina y el Caribe.
“En caso de un estallido social en Cuba, es muy probable que se produzca una migración masiva de ciudadanos cubanos hacia los países vecinos, lo que entraña para estos el riesgo de una crisis social”, alertó el ministerio.
La orden de arresto
La orden de arresto contra Castro fue anunciada este 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien detalló que la Oficina de la Fiscalía Estatal y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida emitieron esa medida bajo la acusación de “conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves civiles desarmadas de ‘Hermanos al Rescate’ sobre aguas internacionales”.
Esta organización es considerada por La Habana como narcoterrorista.
El pasado 20 de mayo, la Justicia de EE.UU. acusó al exmandatario cubano y a otros cinco individuos de presuntamente haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, tras el derribo de dos aeronaves, en 1996. Desde entonces, La Habana ha insistido en que se trató de dos aviones que incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la acusación de “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.
