Los ciudadanos que viven en las distintas comunidades de la selva Lacandona realizaron una marcha nuevamente el pasado sábado, ahora en el poblado Frontera Corozal, para exigirle al gobierno federal que lleve a cabo las acciones efectivas contra los grupos del crimen organizado que mantienen acorralada a la población de dicha región.
“Nadie se quiere morir, nosotros no les pertenecemos a ningún grupo criminal. Lo único que estamos haciendo es vivir en paz (…) aquí estamos y seguimos insistiendo al Presidente de la República que nos escuche. Este no es un capricho de nadie, es el reclamo total de un pueblo adolorido, preocupado, que no quiere morirse como todo lo demás”, es parte del mensaje que habitantes de los tres principales poblados de la selva y quienes viven en diversas cañadas de la Lacandona.
En esta región, al igual que en otras partes de Chiapas, miembros de los dos principales cárteles de la droga de México estan en disputa de las rutas de tráfico de mercancía ilegal y de personas.
En el caso de la selva, de acuerdo a lo que relataron en entrevista los pobladores de la región, dos grupos lograron cooptar a algunos líderes de la región e incrementar a través suyo el tráfico de droga, de armas, de personas, y también de ganado que ingresa de manera ilegal desde Guatemala.
Manifestaron que estos grupos han desarrollado mecanismos sofisticados para introducir cargamentos de droga en pistas clandestinas, pero ello ha significado un costo muy alto en la población por los asesinatos y amenazas de muerte a quienes se niegan a participar o a ser los cómplices.
Es por ello que como medida de respuesta, en algunas comunidades como Frontera Corozal y otras ubicadas en las cañadas del Río Perla y Santo Domingo, los habitantes instalaron retenes donde impiden que pasen quienes trafican.
