CIUDAD DE MÉXICO. — Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de nueve personas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba por su probable responsabilidad en diversos delitos tras una serie de cateos simultáneos ejecutados en el municipio de La Esperanza, Puebla.
Los operativos fueron coordinados por la FGR en conjunto con el Gabinete de Seguridad Federal —integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General de Puebla.
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Desglose de vinculaciones e imputaciones
Conforme a lo determinado por la autoridad judicial en la audiencia de ley, la situación jurídica de los procesados quedó establecida de la siguiente manera:
Isaac “N”, Verónica “N”, Efraín “N”, Cristian “N” y Eduardo “N”: Detenidos en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y dosis de narcóticos. Fueron vinculados por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, fijándose dos meses para la investigación complementaria.
Abigail “N”: Procesada por cohecho y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo militar, tras ofrecer dinero a los agentes para intentar evitar una de las inspecciones. El juzgador fijó un mes para la investigación complementaria.
Manuel “N”: Vinculado por portación de arma y cartuchos de uso exclusivo al ser sorprendido con un arma de fuego, municiones, un inhibidor de señal y un vehículo. Se concedieron dos meses para la investigación.
Melesio “N”: Procesado por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo. Al momento de su captura le fueron incautadas armas largas, cargadores, cartuchos, indumentaria táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares.
José Alfredo “N”: Vinculado por portación de arma, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo, además de delitos contra la salud, otorgando dos meses de investigación complementaria.
La representación social enfatizó que, en apego al principio de presunción de inocencia, las nueve personas mencionadas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
