MONTERREY, Nuevo León.— La batalla legal y política en torno al patrimonio del gobernador Samuel García Sepúlveda ha tomado un nuevo giro tras la negativa de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) de reabrir las investigaciones en su contra. Pese a la presión de actores políticos y civiles, el fiscal Javier Flores Saldívar ratificó el “carpetazo” a las denuncias por enriquecimiento ilícito y peculado que pesan sobre el mandatario emanado de Movimiento Ciudadano.
Los casos del “carpetazo”: Tierras y triangulaciones
La resolución definitiva, emitida originalmente en agosto de 2025, sepulta tres investigaciones de alto perfil que involucraban cifras millonarias:
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El terreno de San Pedro: Una propiedad de 18 hectáreas en la zona de Mesa de la Corona, valuada comercialmente en 700 millones de pesos, adquirida mediante una dación en pago.
El Rancho de Linares: Una extensión de 700 hectáreas localizada en los límites con Tamaulipas.
Triangulaciones de MYR: El presunto desvío de más de 200 millones de pesos desde la empresa Suministro MYR (proveedora del Estado) hacia la firma jurídica propiedad del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.
Flores Saldívar insistió en que estas carpetas, identificadas bajo el registro 97/2024-UI3FECC, no procedieron debido a una “falta de elementos o pruebas” que permitieran inferir una responsabilidad penal directa del mandatario.
Activistas exigen juicio político
La decisión de la Fiscalía ha provocado la indignación de organizaciones civiles. El denominado “Grupo de las Seis”, liderado por figuras como Tatiana Clouthier, Liliana Flores Benavides y Gabriela de la Paz, ha solicitado formalmente al Congreso del Estado un juicio político contra el Fiscal Flores Saldívar. Las activistas acusan al titular de la FGJNL de actuar de manera ilegal, vulnerar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y atraer indebidamente investigaciones para emitir resoluciones de exoneración a modo.
El factor federal: La sombra de la FGR
Pese al blindaje local, Samuel García aún enfrenta un frente abierto a nivel federal. Morena ha promovido una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los mismos delitos. Al respecto, Flores Saldívar se desmarcó de la instancia federal: “Desconozco el contenido de las investigaciones que lleve a cabo la FGR, y seremos respetuosos de su investidura”, declaró, subrayando que no existe vinculación entre los procesos estatales ya concluidos y lo que determine la federación.
Este escenario de fiscalización local coincide con el discurso de la administración federal actual, que ha enfatizado que “no habrá impunidad” para servidores públicos bajo sospecha de corrupción. No obstante, mientras en estados como Morelos la FGR ha intervenido activamente para desmantelar redes de complicidad en gobiernos municipales, en Nuevo León la justicia local ha decidido, por ahora, cerrar la puerta a nuevas indagatorias contra el Ejecutivo estatal.
