CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro del gobierno de Donald Trump acusó este martes al defensor de derechos humanos tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez de ser un “asociado del Cártel del Noreste” y de “llevar falsas quejas contra el Ejército mexicano”.
En un boletín, la dependencia estadounidense anunció sanciones contra Ramos, junto con dos casinos de Tamaulipas y otras personas vinculadas al crimen organizado, entre ellas el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez (defensor de Miguel Ángel Treviño, “Z-40”) y Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”, señalado como presunto jefe de una célula de tráfico de personas del Cártel del Noreste.
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Ramos Vázquez, quien encabeza el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha documentado durante años casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a soldados en esa zona fronteriza. Ninguno de esos casos ha sido desmentido con pruebas por las autoridades militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo ha acusado en repetidas ocasiones de apoyar a grupos delincuenciales y lo ha espiado con el software Pegasus, según reveló una investigación periodística conjunta de Proceso, R3D, Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias.
En un oficio secreto del Centro Militar de Inteligencia (CMI), la Sedena lo señaló de mantener “vínculos con el Cártel del Noreste, aprovechando su calidad como activista de DDHH para lucrar con la información del desempeño de las Fuerzas Armadas”.
El Departamento del Tesoro hizo eco a estas acusaciones al afirmar que Ramos “encabeza la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas mientras se presenta como activista de ‘derechos humanos’”, y agregó que paga a personas para asistir a protestas y protege la reputación de miembros del cártel.
Hasta el momento, ni Ramos Vázquez ni sus abogados han emitido una respuesta oficial a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
