CIUDAD DE MÉXICO — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se mostró el lunes a favor de que la Fiscalía de México pida a Estados Unidos información sobre el piloto de la aeronave que trasladó a Texas al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, para su arresto.
Tras las revelaciones que realizó Zambada en una misiva que se difundió el fin de semana, en la que aseguró que fue traicionado por Guzmán López para ser llevado el 25 de julio a Estados Unidos, López Obrador expresó su respaldo a la decisión la Fiscalía General de la República de asumir la investigación del proceso de detención de los dos capos.
Durante su habitual conferencia de prensa el mandatario recomendó a la Fiscalía mexicana que solicite al gobierno estadounidense que informe sobre el paradero y nacionalidad del piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López.
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“No se tiene todavía toda la información”, dijo López Obrador al quejarse de la opacidad de las autoridades estadounidenses en el caso, que consideró como un “asunto muy delicado”.
El gobernante recordó que la Fiscalía estadounidense admitió que estaba en comunicación con Guzmán López, hijo del excapo preso Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero indicó que se debe aclarar desde cuándo estaban en conversaciones, quiénes eran los intermediarios y con quién se concretó el acuerdo para el traslado del 25 de julio.
López Obrador reconoció el trato respetuoso del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien el pasado viernes declaró que Guzmán López entregó a Zambada en una operación en la que el gobierno de Estados Unidos no había participado, pero manifestó dudas sobre sus afirmaciones y dijo que en esos casos “intervienen muchos intereses”.
La Fiscalía General anunció el domingo en un comunicado que inició una investigación sobre el arresto de Zambada por los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria.
El proceso involucra a Guzmán López, miembro de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, y otras personas que participaron en la entrega del capo, de 76 años, que durante décadas logró eludir a las autoridades y que nunca había pisado una cárcel y era conocido por su poder corruptor.
El sábado el abogado Frank Pérez dio a conocer un escrito de dos páginas, mecanografiado y sin rúbrica, en el que el capo afirmó que fue golpeado, maniatado y encapuchado antes de que ser subido a un avión privado que lo llevaría a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades de ese país mientras Guzmán López se rendía.
En la carta Zambada dejó entrever el tipo de relación que tenía con las autoridades del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, ya que, según su versión, acudió a la cita para “ayudar a resolver diferencias entre líderes políticos” del estado. Además, afirmó que entre su personal de seguridad estaba un comandante de la policía judicial sinaloense, que actualmente permanece desaparecido.
Según “El Mayo”, actualmente encarcelado y acusado en cortes estadounidenses de diversos cargos por narcotráfico, él fue citado a una reunión por Guzmán López en la que participaría también Iván Guzmán — otro hijo de “El Chapo”—, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y un congresista electo, que fue asesinado el día de la detención.
Rocha, quien es integrante del partido de gobierno, negó el fin de semana cualquier vínculo con los dos narcotraficantes y dijo que el día del arresto no estaba en Sinaloa.
López Obrador expresó el lunes su respaldo a Rocha y pidió que se aclare el asesinato del diputado electo, Héctor Melesio Cuén, exrector de una universidad de Sinaloa, quien según la Fiscalía estatal murió en un intento de robo.
Zambada está acusado en Estados Unidos de varios cargos, incluido el de asociación delictiva para fabricar y distribuir fentanilo. Las autoridades consideran que estaba más involucrado en las operaciones cotidianas del cártel que quien fuera su jefe más conocido, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019.
