La injerencia, el espionaje, y las violaciones a la soberanía de México por parte de la DEA son consecuencias directas del aumento en el número de agentes y personal técnico administrativo de esta agencia, autorizados por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, la DEA logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aumentara el número de sus agentes de 54 a 70 y el de sus técnicos administrativos de 32 a 41. Dicha expansión fue facilitada por la narcocorrupción que se mantuvo en esos periodos.
Un documento de la SRE, obtenido por la revista Proceso, revela las concesiones ocultas que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto hicieron a la DEA, lo que permitió a la agencia estadounidense operar con mayor libertad y traicionar la confianza de sus aliados mexicanos.
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De momento, se conocía públicamente que la DEA tenía 54 agentes y 32 técnicos administrativos en México. Sin embargo, en un periodo de diez años, la DEA incrementó su presencia a 111 elementos, operando sin restricciones en todo el territorio mexicano durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Estos agentes y técnicos realizaban labores de espionaje y supervisión tecnológica.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, estos agentes quedaron sujetos a la nueva Ley de Seguridad, la cual requiere que la DEA entregue informes mensuales de sus actividades a la Cancillería.
La traición de la DEA se evidenció con el arresto de figuras clave del gobierno mexicano. El 9 de diciembre de 2019, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y cercano colaborador de Calderón, fue arrestado en Dallas, Texas, por cargos de narcotráfico.
El 15 de octubre de 2020, casi dos años después del final del sexenio de Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido en Los Ángeles, California, por colusión con el narcotráfico. A pesar de estos arrestos, el gobierno de López Obrador intervino para que las acusaciones contra Cienfuegos fueran desestimadas el 18 de noviembre de 2020.
Los casos de García Luna y Cienfuegos demuestran cómo el aumento de agentes de la DEA facilitó labores de espionaje, incluyendo la intervención de llamadas telefónicas de altos funcionarios mexicanos. El juicio contra García Luna reveló que la DEA había interceptado y grabado conversaciones de miembros de dos gabinetes presidenciales.
Ante la amenaza del gobierno de López Obrador de expulsar a los 70 agentes de la DEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos optó por desestimar los cargos contra Cienfuegos y repatriarlo rápidamente.
Desde el 26 de octubre de 1992 hasta abril de 2020, el personal de la DEA en México operó bajo las “Reglas Específicas para Normar las Actividades de los Agentes y Técnicos Especializados”, establecidas por la SRE. Estas reglas permitían un máximo de 39 agentes y 32 técnicos administrativos.
Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la función y distribución de los agentes de la DEA en México estaban condicionadas al avance en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el aumento de agentes durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto permitió a la DEA ejercer una injerencia significativa en los asuntos internos de México.
*Fragmento del reportaje publicado en la edición 0013 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.*
