ZACATECAS, Zacatecas.— La noche del jueves 28 de mayo, la avenida San Marcos de la capital zacatecana se convirtió en el escenario de una nueva muestra de la “realidad del narcotráfico” que impera en el país. Gustavo Domínguez Saldívar, exdirector de la Policía de Investigación (PDI), fue sometido y raptado por un comando armado frente a su propio negocio, un hecho que el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó apenas unas horas después.
El rastro digital frente al operativo de campo
A pesar de que el fiscal aseguró que el sistema de videovigilancia C5i ya identificó el vehículo y la ruta de escape de los plagiarios, el despliegue inmediato del Ejército Mexicano y corporaciones estatales en las colonias Las Palmas y Minera no arrojó resultados positivos. Esta desconexión entre la tecnología de inteligencia y la efectividad operativa es una constante en las zonas de violencia en México, donde los grupos delictivos suelen operar con una movilidad que desafía los cercos institucionales.
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El “Tercer Riel”: Entre el servicio público y la sospecha
El caso de Domínguez Saldívar no es el de cualquier ciudadano. Su trayectoria atraviesa los sexenios de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello, e incluso encabezó la Unidad Antisecuestros, irónicamente el delito del que hoy es víctima. Sin embargo, su pasado también toca lo que algunos autores llaman el “tercer riel”, ese punto peligroso donde el Estado y el crimen organizado se vuelven indistinguibles
.
En 2020, trascendió un presunto arresto de Domínguez en Tamaulipas bajo sospechas de la FGR por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito; una acusación que la fiscalía local negó en su momento, pero que hoy resurge en el imaginario público como parte de esa “cultura de impunidad y corrupción extendida” que autores y periodistas han denunciado históricamente en la prensa crítica como Proceso.
El contraste: Cifras alegres vs. realidad en la calle
Este secuestro de alto impacto en Zacatecas ocurre en un momento de gran tensión política —apenas una semana después de que Saúl Monreal se bajara de la contienda por la gubernatura del estado— y contradice el discurso de pacificación federal. Mientras la presidencia de la República anuncia una reducción del 44% en el homicidio doloso y afirma que febrero de 2026 fue el mes más bajo en una década, la realidad en los estados muestra que figuras clave de la seguridad pública siguen estando en la mira de los generadores de violencia.
Al igual que en Morelos, donde la FGR ha revelado la infiltración del narco en al menos ocho municipios mediante el financiamiento de campañas
, el secuestro de un exjefe policial en Zacatecas obliga a cuestionar si estas agresiones son represalias por el deber cumplido o fracturas dentro de las complejas redes de permisividad institucional que han definido la narcopolítica regional. Por ahora, la familia de Domínguez Saldívar espera una llamada que no llega, mientras el fiscal Camacho Osnaya insiste en que su salida de la institución hace 20 meses no limita los esfuerzos para su localización.
