El despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners aseguró que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores estarían entorpeciendo la aplicación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en el contexto de las acusaciones por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios.
Según la firma, las autoridades mexicanas estarían incurriendo en lo que califican como “un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos”, al insistir en que las solicitudes deben cumplir con determinados “estándares legales” dentro del país.
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El despacho sostiene que dicho tratado, firmado en 1978 y modificado en 1980, no exige la presentación de pruebas completas en esta fase del proceso, sino únicamente la existencia de una acusación formal y el compromiso de entregar documentación en un plazo establecido.
En ese sentido, citan el Artículo 11 del acuerdo, el cual establece: “Bajo el Artículo 11, una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sólo la existencia de una acusación y un compromiso para proporcionar documentación dentro de los 60 días”. Además, la firma añade que “este obstáculo de ‘evidencia’ no es una necesidad legal, sino un cortafuegos político diseñado para ganar tiempo”.
Por su parte, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier procedimiento debe apegarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales, lo que implica revisar cada solicitud antes de proceder con detenciones o extradiciones.
Asimismo, la Fiscalía ha señalado que la información relacionada con estos casos debe manejarse con confidencialidad, conforme a los acuerdos bilaterales, aunque el tratado no establece restricciones explícitas sobre la difusión de las acusaciones.
Tras darse a conocer los señalamientos en su contra, Rocha Moya negó de manera categórica cualquier vínculo con actividades ilícitas, afirmando que se trata de una estrategia política en contra del movimiento al que pertenece. Posteriormente, el mandatario declaró que se mantiene tranquilo, que no tiene intención de salir de Sinaloa y que, hasta el momento, no ha recibido notificación oficial alguna.
