
CIUDAD DE MÉXICO. — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su lista de personas bloqueadas a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía del Gobierno de Sinaloa en la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Sobre el exservidor público pesan señalamientos por presuntos nexos con el narcotráfico emitidos desde Estados Unidos, además de estar vinculado con la investigación por la desaparición del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela.
La medida de congelamiento de recursos trascendió este 7 de septiembre de 2026. De manera simultánea, se dio a conocer que al exfuncionario le fue desechado un juicio de amparo (bajo el expediente 1893/2026) en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, luego de que el juzgador se declarara incompetente para conocer del asunto.
Durante la Conferencia Mañanera de la Presidencia este 8 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó las acciones ejecutadas por la UIF contra el entorno empresarial del exfuncionario, aunque aclaró que la indagatoria no se relaciona de forma directa con la gestión general del gobernador Rubén Rocha. “Este es un caso aparte de todos los otros, de todo lo demás de Sinaloa. Este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte, de la UIF de empresas que estaba investigando de esta persona”, precisó el titular de la SSPC.
Exigen investigar el entorno del exfuncionario tras desaparición en Terraza Valentino
A la par de los señalamientos financieros y los presuntos nexos delictivos, Velarde Cárdenas ha quedado bajo los reflectores por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida el 5 de octubre de 2025. El joven fue visto por última vez en el establecimiento Terraza Valentino, un negocio del cual el exsecretario de Economía se desempeñaba como copropietario.
Luego de hacerse público el congelamiento de cuentas, la madre del joven desaparecido, Brenda Valenzuela Gil, cuestionó a través de sus redes sociales la demora de las autoridades ministeriales para actuar en torno al círculo cercano del exservidor público. “¿Por qué la Fiscalía General de la República no ha citado a declarar a Ricardo Velarde?”, recriminó en su mensaje.
Valenzuela Gil enfatizó que la exigencia de la familia no busca prejuzgar la responsabilidad de nadie, sino garantizar una investigación exhaustiva y transparente: “No estamos pidiendo que se condene a nadie anticipadamente. Estamos pidiendo algo mucho más elemental: que se investigue, que se pregunte, que se confronte la información y que no existan personas intocables dentro de una investigación por desaparición”.













