CIUDAD DE MÉXICO. — El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada en contra de personas buscadoras y activistas, en respuesta a un comunicado emitido este 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El posicionamiento institucional surge tras la documentación por parte de los relatores independientes de una serie de agresiones ocurridas en el estado de Sinaloa en un lapso de 72 horas —entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026—, entre las que se incluyen la desaparición de una defensora, un ataque armado contra una activista acompañada de su hija y dos menores, y el atropellamiento de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.
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Prioridad nacional, diálogo y marco legal
A través del comunicado oficial, la Segob calificó la atención al problema de la desaparición y no localización de personas como “una de las más altas prioridades nacionales”, subrayando que la búsqueda de personas constituye una “obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas” que el Estado asume plenamente.
Entre los aspectos centrales destacados por la dependencia figuran:
Ausencia de patrón estatal: La autoridad precisó que la información disponible no acredita una conducta sistemática o de Estado en contra de colectivos de búsqueda, asegurando que cada expediente se atiende con la debida diligencia.
Atención y diálogo directo: Se enfatizó que autoridades de alto nivel han mantenido comunicación directa con familias buscadoras y organizaciones acompañantes, contando con un marco jurídico e institucional para la prevención, protección, investigación, sanción y reparación.
Alcance de los expertos de la ONU: La Segob puntualizó que los relatores internacionales ejercen su mandato a título personal e independiente, por lo que sus valoraciones no reflejan la postura oficial de la ONU.
Finalmente, la Secretaría de Gobernación reiteró su condena a todo acto de violencia contra las familias e integrantes de colectivos de búsqueda, al tiempo que reconoció la existencia de desafíos persistentes en materia de investigación, identificación humana y acceso a la justicia.
