WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO. — El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha enviado a al menos 25,427 personas hacia 28 países de América Latina, África y Europa en los cuales no nacieron, nunca han vivido y, en diversos casos, ni siquiera hablan el idioma local, como parte de su política de “deportación masiva”.
Así lo reveló la investigación periodística internacional Deportation Project, coordinada por la organización Forbidden Stories en alianza con la revista Proceso y otros 23 medios de comunicación de 15 países. El reportaje documenta que, para aterrizar estas expulsiones, la administración estadounidense ha firmado 35 acuerdos —algunos de carácter secreto— con naciones que van desde Costa Rica y Sudán del Sur hasta Santa Lucía o San Cristóbal y Nieves.
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Acuerdos secretos y vuelos transcontinentales
Bajo estos convenios negociados por el Departamento de Estado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha empleado al menos 105 vuelos para dispersar a nacionales de terceros países. Entre los casos documentados destacan el traslado aéreo de ciudadanos chinos, rusos, iraníes o afganos hacia Costa Rica, así como la expulsión de nacionales de Cuba o Jamaica hacia el reino de Esuatini, en el sur de África.
De acuerdo con el análisis periodístico, la estrategia de la administración Trump se inspira en el concepto de “remigración”, noción promovida por sectores de la extrema derecha europea para expulsar a migrantes y sus descendientes hacia sus supuestos países de origen.
El rol central de México y el traslado hacia el sur
A pesar de no contar con un acuerdo formal para la recepción de extranjeros de terceras nacionalidades, México ocupa una posición central en este esquema. Desde enero de 2025, cerca de 20,000 extranjeros han sido deportados por la frontera mexicana, lo que representa que ocho de cada diez personas expulsadas por Estados Unidos hacia terceros países terminan en territorio mexicano.
Las personas devueltas son originarias principalmente de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras, muchas de las cuales acumulaban décadas residiendo en Estados Unidos. Tras recibir a los migrantes entregados por las autoridades estadounidenses, el Instituto Nacional de Migración (INM) los traslada en autobuses hacia ciudades como Villahermosa y Tapachula, en el sur del país y a miles de kilómetros de la frontera norte, donde quedan en condiciones de extrema vulnerabilidad.
“Nos dijeron que íbamos para Cuba y terminamos en la calle en México”
Entre las historias documentadas figura el testimonio de Lorenzo, un ciudadano cubano de 66 años con diabetes que emigró a Estados Unidos en 1980. Tras ser arrestado por consumir una cerveza en una playa de Florida, aceptó voluntariamente firmar su repatriación a Cuba. Sin embargo, en pleno traslado, las autoridades de ICE le informaron que sería enviado a México.
“A mitad de camino me dice el oficial: ‘No, tú vas para México’. Yo dije: ‘¿Cómo? No, a mí me dijeron que yo iba para Cuba’, y el oficial me dijo: ‘No, si no están deportando gente para Cuba; Cuba no los quiere a ustedes'”, relató Lorenzo a Forbidden Stories, tras llevar cinco meses viviendo en la calle en territorio mexicano sin acceso constante a alimentos, agua ni atención médica.
