TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. — En un avance clave para destrabar un histórico conflicto territorial y agrario que se ha prolongado durante décadas, habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en el municipio de Cintalapa, manifestaron su disposición de redefinir su pertenencia territorial e integrarse al estado de Oaxaca, siempre y cuando se respete y mantenga su figura de régimen ejidal.
La postura fue dada a conocer por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, durante la Conferencia Mañanera del Ejecutivo Federal encabezada en Tuxtla Gutiérrez por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
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De acuerdo con el mandatario chiapaneco, los gobiernos estatales de Chiapas y Oaxaca trabajan en la construcción de un acuerdo jurídico definitivo. Ramírez Aguilar explicó que el diferendo territorial se habría originado a raíz de un error involuntario cometido por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria alrededor de 1968, destacando que la titular del Ejecutivo Federal encomendó a ambos gobernadores entablar mesas de concertación para alcanzar una solución pacífica y legal.El núcleo de la negociación: régimen ejidal o bienes comunales.
El núcleo de la negociación: régimen ejidal o bienes comunales
A pesar de la voluntad política expresada, el punto central que mantiene las diferencias radica en el esquema de propiedad de la tierra. Durante la sesión informativa, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló las posturas que se debaten en la mesa de diálogo:
Pobladores de los Chimalapas (Oaxaca): Plantean que los habitantes chiapanecos se incorporen bajo el régimen de comuneros, con la finalidad de blindar el territorio y evitar eventuales procesos de privatización de los terrenos.
Ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz (Cintalapa): Defienden la permanencia de la figura de ejido bajo la cual han poseído y trabajado históricamente sus parcelas.
Las autoridades federales y estatales coincidieron en que la resolución sobre el régimen de propiedad será el factor determinante para poner fin a una disputa limítrofe de décadas, brindando certeza jurídica y estabilidad social a las comunidades de la región.
