Cuernavaca, Morelos – La administración morenista de la gobernadora Margarita González Saravia destinó cerca de un millón de pesos a la instalación de barricadas antimotines en el perímetro del Palacio de Gobierno durante la marcha del 8 de Marzo, decisión cuestionada por organizaciones civiles y activistas.
Los recursos, exponen, pudieron dirigirse a acciones de prevención, atención y protección para mujeres en situación de violencia, especialmente en un estado que mantiene vigente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde agosto de 2015.
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La Secretaría de Administración y Finanzas autorizó una suficiencia presupuestal por 950 mil pesos para el “servicio de protección y seguridad perimetral” durante la jornada del 8M, provenientes del Ramo 28 (Participaciones Federales).
En contraste, en 2025 el programa de cáncer de mama y cérvico uterino ejerció 36 millones 348 mil 416 pesos, de los cuales solo 1 millón 129 mil 974 pesos (3.11%) se destinaron a medicamentos, reactivos, materiales médicos y suministros de laboratorio.
Es decir, lo gastado en las vallas equivale a cerca del 85% del presupuesto destinado a esos insumos.
Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres también denunciaron opacidad en el ejercicio de recursos de la Alerta de Violencia de Género, particularmente en los Centros LIBRE, donde no existe información pública suficiente sobre presupuestos, salarios ni operación.
