Chiapas – La clase política en Chiapas ha encontrado una nueva forma de silenciar las críticas: el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
En estos días, el IEPC dictará sentencias contra varios medios de comunicación y periodistas, obligándolos a pagar multas que podrían ascender hasta los 50 mil pesos. Las denuncias fueron promovidas por las diputadas Andrea Negrón y Alejandra Mendoza.
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Además de las multas, se busca obligar a los medios y periodistas a ofrecer disculpas públicas a las diputadas, en un mecanismo similar al que utilizó el diputado federal Gerardo Fernández Noroña contra un abogado al que humilló.
Lo más cuestionable, según críticos, es que las sanciones se basan principalmente en los comentarios que los lectores o seguidores dejan en las publicaciones, y no en el contenido de las notas periodísticas. El IEPC considera a los periodistas responsables por las opiniones de terceros.
Para muchos, resulta lamentable que en Chiapas —tierra natal del mártir de la libertad de expresión Belisario Domínguez— se permita este tipo de acciones que buscan amedrentar a la prensa y limitar el derecho a la crítica hacia personajes públicos.
