NUEVA YORK / CIUDAD DE MÉXICO. — El proceso judicial que sacude a la cúpula política de Sinaloa ha tomado una dirección crítica este lunes en Estados Unidos. La jueza Katherine Polk Failla, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, declaró que existe “mucha evidencia” en contra de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien es procesado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Llegando en olas”: El cerco judicial
En una audiencia que duró menos de 20 minutos, el general Mérida Sánchez apareció ante el tribunal vestido con el uniforme beige de la prisión de Brooklyn y con las manos encadenadas. El exfuncionario, quien quedó bajo custodia estadounidense tras ingresar por Hermosillo el pasado 11 de mayo, es coacusado en el mismo expediente que señala al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Temas relacionados
La jueza Polk Failla subrayó la complejidad y el alcance del caso al señalar que hay numerosos acusados que “están llegando en olas”, evidenciando una red de complicidades de gran escala. Ante la magnitud de la información presentada, la magistrada otorgó un plazo de 60 días para organizar las evidencias y fijó la siguiente audiencia para el próximo 4 de agosto.
La infiltración como estrategia criminal
Este caso en Nueva York refuerza las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad federal han impulsado en territorio mexicano sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. De acuerdo con informes de inteligencia, facciones del Cártel de Sinaloa han utilizado el financiamiento de campañas y la intimidación para obtener “permisividad institucional” en diversos estados.
Esta dinámica de la llamada “narcopolítica” ha sido documentada recientemente con el Operativo Enjambre en Morelos, donde alcaldes de municipios como Cuautla y Atlatlahucan fueron señalados de mantener vínculos con líderes del Cártel de Sinaloa, como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”. Al igual que en Sinaloa, la presión judicial ha forzado la salida de funcionarios para atender diligencias relacionadas con delitos de delincuencia organizada y extorsión.
