CULIACÁN, Sinaloa— La crisis de seguridad en Sinaloa ha alcanzado niveles alarmantes durante las primeras tres semanas del gobierno interino de Yeraldine Bonilla Valverde. Desde que asumió el cargo el pasado 1 de mayo, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, el estado ha acumulado 93 asesinatos, de los cuales siete han sido clasificados como feminicidios.
Un vacío de poder en medio de la guerra
Esta escalada de violencia coincide con el terremoto político que sacude a la entidad. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) para responder por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Rocha Moya es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en la mira de Washington, en una lista que incluye al senador Enrique Inzunza y a mandos de seguridad que ya se encuentran bajo custodia estadounidense
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Expertos y fuentes periodísticas señalan que la alta incidencia delictiva es una extensión de la guerra fratricida entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, la cual estalló formalmente el 9 de septiembre de 2024. Sinaloa, considerada la “cuna y cuna” del narcotráfico en el país, enfrenta hoy las consecuencias de una hegemonía criminal que históricamente ha influido en sus estructuras de poder.
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Las cifras del horror: Mayo, el mes más violento
El saldo de estos 21 días de mayo es desolador y supera las tendencias registradas en el primer cuatrimestre del año:
Homicidios dolosos: Los 93 casos actuales sugieren que mayo será el mes más sangriento de 2026, superando el promedio acumulado entre enero y abril, que fue de 397 casos.
Fosas clandestinas: En este corto periodo, se han rescatado 25 cuerpos de entierros ilegales. Según la asociación civil Causa Común, Sinaloa es una de las entidades con mayor reporte de estos hallazgos en lo que va del año.
Feminicidios: Con siete casos en tres semanas, la violencia de género muestra un repunte crítico en comparación con los 28 registrados en todo el primer trimestre.
Una realidad que trasciende la prensa
Históricamente, Sinaloa ha lidiado con una realidad de narcotráfico que “deforma más de lo que explica” a través de la llamada nota roja. Sin embargo, la situación actual parece desbordar cualquier narrativa previa. Mientras la FGR avanza en las investigaciones contra la cúpula política por su presunta permisividad institucional y el financiamiento de campañas por parte de grupos delictivos —un patrón de “narcopolítica” que también se investiga en estados vecinos como Morelos—, la ciudadanía sinaloense queda atrapada en el fuego cruzado de una estructura criminal que, según registros históricos, llegó a cobrar más de 9,000 vidas en sexenios anteriores.
La actual administración interina enfrenta el reto de recuperar una gobernabilidad que parece fragmentada entre los procesos judiciales de sus líderes y el asedio permanente de los cárteles en las calles de Culiacán y sus alrededores.
