La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la infiltración del narcotráfico en la política mexicana al citar formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La comparecencia responde directamente a las graves acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos, que señala supuestos vínculos entre el mandatario y grupos del crimen organizado.
El círculo de Sinaloa bajo la lupa federal
Sinaloa ha sido históricamente considerada como la cuna y el epicentro del narcotráfico en México. En este contexto de hegemonía criminal, la FGR detalló que la lista de citados incluye a otros siete implicados en los señalamientos estadounidenses. Entre los nombres más destacados figura el de Enrique Inzunza, senador por Morena, cuya imagen ha circulado recientemente en medios nacionales.
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La red de implicados originalmente contemplaba a diez personas; sin embargo, dos de ellas ya se encuentran bajo custodia de las autoridades en Estados Unidos:
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad.
Un citatorio con alcances específicos
Es importante precisar que, de acuerdo con el comunicado de la FGR, Rubén Rocha Moya está citado únicamente para responder por las acusaciones de vínculos con el narcotráfico emanadas desde Washington. La autoridad federal aclaró que, por el momento, esta diligencia no incluye investigaciones relacionadas con el homicidio del exrector Héctor Cuén ni el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, un personaje que en el pasado ha sido objeto de interés periodístico por sus entrevistas exclusivas.
Este caso reabre el debate sobre la “narco-política” en una región donde la línea entre el Estado y el crimen organizado ha sido cuestionada por décadas. Mientras la FGR avanza en sus procesos, Sinaloa permanece como un punto crítico donde la realidad del tráfico de drogas trasciende a menudo las páginas de la prensa.
