La Casa de la Moneda de Estados Unidos, que vende cada año más de 1.000 millones de dólares en monedas de inversión supuestamente acuñadas con oro “100 % estadounidense”, estaría utilizando metal extranjero procedente de minas ilegales y zonas de alto riesgo, según una investigación del New York Times.
El diario rastreó cientos de millones de dólares en oro importado que terminaron en la cadena de suministro de la entidad, en aparente contradicción con una ley de 1985 que prohíbe usar oro extranjero para esos productos.
El reporte detalla cómo metal precioso extraído en condiciones ilegales en Colombia —en una mina de La Mandinga, en el noroeste del país, controlada por el cártel Clan del Golfo— es “blanqueado” a través de pequeños mineros registrados y comercios locales, exportado formalmente como oro legal y refinado posteriormente en una planta de la compañía Dillon Gage en Texas. Allí se mezcla con oro de otros orígenes (incluidos desguaces de joyería de EE.UU., casas de empeño peruanas o minas de México y Perú) antes de venderse a grandes refinadores y proveedores de la Casa de la Moneda.
El oro es ‘estadounidense’
Empresas como Asahi USA, uno de los grandes suministradores del organismo, reconocen que el oro que refinan está “mezclado” y procede de múltiples países. Pese a ello, la Casa de la Moneda ha considerado durante años que el oro es ‘estadounidense’ si sus proveedores compran, en paralelo, volúmenes equivalentes de oro extraído en EE.UU., un sistema cuestionado por el Tesoro por posible incompatibilidad con la ley.
Una auditoría del Departamento del Tesoro concluyó en 2024 que durante dos décadas la institución prácticamente no preguntó a sus proveedores por el origen detallado del metal.
Tras ser consultada por el medio, la Casa de la Moneda afirmó inicialmente que todo su oro era de origen nacional, pero luego matizó que Estados Unidos es su fuente “principal” y aseguró que trabaja para mejorar la trazabilidad. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una revisión de las prácticas de compra para verificar el cumplimiento legal y “salvaguardar la seguridad nacional y la integridad del mercado”.
