La Policía Federal de Brasil ha lanzado este viernes un macrooperativo de inspección de gasolineras en todo el país, con el objetivo puesto en frenar los aumentos abusivos de precios en los carburantes.
En colaboración con la Secretaría Nacional del Consumidor, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, la acción pretende identificar y sancionar las prácticas irregulares potencialmente abusivas para los consumidores, que se han desatado tras el conflicto abierto por EE.UU. e Israel con su agresión a Irán.
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Las inspecciones se llevan a cabo en las capitales de 11 estados (Sao Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins y Goiás) y el Distrito Federal.
Entre las conductas bajo escrutinio se encuentran el aumento injustificado de los precios, sin que haya un incremento real en los costos de la cadena de producción; el uso de métodos indebidos; y el concierto entre empresas que violen la libre competencia en el sector.
🚔#OPERAÇÃOPF | PF fiscaliza postos de combustíveis em 11 estados e no DF para verificar possíveis irregularidades nos preços, como aumentos indevidos e outras práticas que possam prejudicar o consumidor. A ação ocorre em conjunto com ANP, Senacon e Procons. ➡️Saiba mais:… pic.twitter.com/bYn8RNoS2E
— Polícia Federal (@policiafederal) March 27, 2026
Sensible aumento de márgenes
Los distribuidores y las gasolineras han aumentado sus márgenes de beneficio sensiblemente desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, tras la agresión militar de EE.UU. e Israel contra Irán.
Una encuesta implementada por el Instituto Brasileño de Estudios Políticos y Sociales, citada por G1, arroja que desde el pasado 28 de febrero, día de inicio de las hostilidades militares, los márgenes de beneficio han escalado de media más del 30 % en productos como el diésel y la gasolina.
Ese incremento ocurre a pesar de que el Gobierno brasileño ha tomado medidas para paliar la crisis de precios energéticos, como la exención de varios impuestos federales, un aumento de tarifas a la exportación de petróleo y un incentivo financiero para el sector, entre otras.
