Por Armando Domínguez. La paciencia se terminó. Tras una escalada de provocaciones y desafíos abiertos a la autoridad, el gobierno de Chiapas endureció su estrategia de seguridad. El arribo de unidades blindadas y el reforzamiento de los operativos marcan un antes y un después: ahora sí, ya hicieron enojar al Jaguar.
Fuentes oficiales confirmaron que el Estado se encuentra plenamente preparado para responder ante cualquier intento de desestabilización, incluidos posibles topes con grupos generadores de violencia. La instrucción es clara: no habrá concesiones ni tolerancia para quienes insistan en romper la paz social.
Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y con la operación directa del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el mensaje es contundente: en Chiapas manda la ley. Ambos funcionarios han demostrado que no les tiembla la mano cuando se trata de poner orden y garantizar la tranquilidad de las y los chiapanecos.
En esta nueva etapa, el gobierno estatal ha dejado en claro que quienes no se cuadren al marco legal enfrentarán todo el peso del Estado. La paz no se negocia, se construye con firmeza, autoridad y decisiones de fondo.
Y cuando eso ocurre, Chiapas avanza hacia el orden, la estabilidad y el fin de la impunidad.
