El Gobierno del Estado de Chihuahua ha decretado la cancelación de manera inmediata e indefinida de todos los permisos para las carreras de caballos, peleas de gallos, jaripeos y coleaderos en la entidad.
La medida surge a diversos episodios de violencia en eventos masivos que se reportaron recientemente lo que ha derivado en personas y animales heridos, situación que se busca prevenir con esta medida.
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La suspensión comenzó en vigor con carácter retroactivo desde el 29 de diciembre de 2025. De acuerdo con los documentos oficiales, han quedado invalidados todos los permisos otorgados hasta la fecha, y queda prohibida la expedición de nuevas concesiones.
El alcance de la disposición contempla sanciones administrativas para quienes la incumplan, según lo instruyó la Subsecretaría de Gobernación estatal en el oficio 147/2025.
“Quedan sin efectos los permisos mencionados, por lo que los organizadores deberán abstenerse de realizar estas actividades. El incumplimiento dará lugar a sanciones administrativas conforme a la normativa vigente”, puntualizó el comunicado oficial.
Llaman a la pacificación del estado
La decisión se toma con acuerdos de la Mesa Estatal de Seguridad, que identificó estos eventos como puntos críticos de riesgo para la población civil. En la valoración participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes concluyeron que estas actividades representan espacios propicios para que la delincuencia organizada realice ajustes de cuentas, con consecuencias severas para los asistentes.
Entre los antecedentes que llaman a la prohibición figura la ejecución de siete personas durante una carrera de caballos el 15 de noviembre de 2025, en la carretera Parral-Jiménez. El ataque fue dirigido contra un presunto líder criminal, Benito M., alias “El 084”, quien fue asesinado junto a sus acompañantes en plena vía pública.
También destaca la agresión del 5 de mayo de 2024 en el Centro Hípico Maturana, donde un grupo armado mató al músico Kevin Amalio Hernández, integrante del grupo “H Norteña”, así como a la dueña del recinto y a sus dos hijos adolescentes. Este caso evidenció la vulnerabilidad de las familias que concurren a este tipo de espectáculos.
Para hacer cumplir la suspensión, las corporaciones estatales y la Guardia Nacional desplegaron operativos de inspección en los recintos que solían albergar estos eventos. La Mesa Estatal de Seguridad enfatizó que estas actividades han sido empleadas por la delincuencia organizada como escenarios de ataque, exponiendo a espectadores inocentes a situaciones de extremo riesgo.
Por el momento, ni las asociaciones de criadores de caballos ni los organizadores de ferias han manifestado postura alguna respecto a las consecuencias económicas y sociales de la cancelación. El sector permanece expectante ante el inicio de 2026.
