GUADALAJARA – Aunque apenas hace dos días había declarado de forma contundente que 17 personas arrestadas en las protestas de la “Generación Z” en el centro de Guadalajara tenían que permanecer en prisión, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ahora apoya la decisión del Poder Judicial de vincular a proceso a ocho de los 40 detenidos el 15 de Noviembre (15N) y liberar a los 32 restantes.
La tildó como la resolución como “justicia” y un fallo “equilibrado”.
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Lemus Navarro manifestó que la justicia “da a cada quien lo que corresponde”. Señaló que los ocho vinculados a proceso “atacaron al Palacio de Gobierno, al Palacio Legislativo, a policías y, sobre todo, a mujeres policías”. Dijo que saludó a dos de ellas con “cortes en la cara y varias heridas”.
“Ocho patanes delincuentes están vinculados a proceso y se van a quedar años en la cárcel, que fueron los que golpearon mujeres policías y atentaron contra Palacio de Gobierno, la Catedral y Palacio Legislativo. 32 jóvenes que el juez dictaminó que fueron delitos menores o que no tenían que ver con estos hechos violentos, fueron liberados, qué bueno. Y dos policías involucrados y que cometieron excesos van a ser sancionados, equilibrio, justicia, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”, indicó.
El gobernante señala que estas ocho personas, a quienes describió como “provocadores” provenientes de otros estados, permanecerán en prisión y podrían recibir penas de entre tres y diez años.
“Los ocho jóvenes que atentaron contra policías, que atentaron contra el Palacio de Gobierno, contra el Palacio Legislativo, pero sobre todo contra mujeres policías. Pero sobre todo contra mujeres policías. Acabo de saludar a dos mujeres policías que tenían distintas heridas en la cara, muchas heridas. Esas ocho personas que nos mandaron de otros estados de la República que eran provocadores, se quedaron dentro de la cárcel, tal y como yo se los había anticipado. Pueden alcanzar penas de entre 3 y 10 años”.
Sobre los 32 jóvenes liberados, afirmó que pudieron haber cometido faltas menores, estar entre el grupo que generó los disturbios sin participar activamente o no tener relación con el enfrentamiento. Insistió en que en Jalisco se respeta el derecho a la manifestación.
El gobernador calificó la resolución judicial como un acto de justicia: liberar a quienes no tuvieron responsabilidad o incurrieron en faltas menores y mantener en prisión a quienes dañaron bienes públicos o agredieron a policías. Señaló que el Poder Judicial encontró pruebas contra las 8 personas procesadas por comprobarse responsabilidad directa.
El pasado viernes 21 de noviembre, el mandatario, quien llega al cargo por las siglas de Movimiento Ciudadana (MC) volvió a insistir en que cualquier intento de provocar disturbios en Jalisco será motivo de detención y proceso penal. Manifestó que en el estado no se permitirán abusos. Agregó que quienes intenten provocar desmanes serán arrestados y procesados, en especial si actúan con “criterios políticos o electorales”.
Lemus destacó que los hechos violentos no deben borrar la manifestación pacífica del mediodía, que reunió a más de 20 mil personas —jóvenes, familias y adultos mayores— para protestar contra la violencia en el país y por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Ese contingente, dijo, entregó pliegos petitorios al gobierno estatal y, según el gobernador, ese grupo fue atendido con respeto. Volvió a atribuir los disturbios posteriores a un “grupo de choque” que buscó opacar la protesta.
Pablo Lemus respaldó la “decisión autónoma de un juez de Jalisco”, es decir del juez de Control del Juzgado Sexto, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, a cargo de quién estuvo la audiencia donde se desahogó la carpeta administrativa 11689/2025.
Agrega que dos policías que haían incurrido en excesos serán sancionados, lo que, afirmó, forma parte del equilibrio en la aplicación de justicia. Sostuvo que las medidas tomadas envían un mensaje nacional: “el que la hace, la paga” y la libre manifestación se respeta en Jalisco.
Rechazó que sus declaraciones pudieran interpretarse como injerencia en el Poder Judicial, respondió que es “autónomo, profesional y respetado por el Poder Ejecutivo”.
