CHILPANGINGO – La ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, lleva tres días consecutivso semiparalizada a causa de la violencia criminal en el contexto de una disputa entre los grupos delictivos y políticos por el control de Chilpancingo.
Escuelas, algunas tiendas y las oficinas del ayuntamiento están actualmente cerradas, además, el transporte público se ha disminuido al mínimo de cuatro unidades y amenazas contra los choferes.
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Desde el fin de semana, la ciudadanía y cualquiera de los sectores se encuentran en zozobra, a pesar de que el lunes dio inicio con un aparatoso despliegue de agentes policías y militares, al que se agregaron por primera vez las fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch.
El lunes y martes, los colegios de todos los niveles habían amanecido cerrados, mientras el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, han desaparecido de la escena pública y han sido omisos de hacer algún pronunciamiento sobre la crisis de seguridad que se vive.
Ayer, 29 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, hombres armados incendiaron una camioneta tipo van de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Chilapa, en las inmediaciones del mercado Baltazar R. Leyva, una de las más concurridas.
Fue la cuarta unidad de transporte quemada en 48 horas. A esto se suman los asesinatos del propietario de una pollería y del distribuidor de pollo fresco, cometidos el viernes y sábado en la misma central de abasto Baltazar R. Leyva.
El lunes por la mañana, en un intento de controlar la situación, el director de la Comisión de Transporte y Vialidad de Guerrero, Arturo Salinas Sandoval, fuertemente resguardado, informó que más del 50 por ciento de las rutas foráneas y locales habían restablecido el servicio tras la jornada de violencia del domingo.
La realidad rebasó al funcionario. Tras la quema de la unidad en medio de cientos de personas y de policías, el transporte se redujo de manera paulatina durante el día hasta dejar de circular en su totalidad.
Luego del siniestro, en conferencia de prensa en el puente de Petaquillas, a las afueras de la ciudad, el dirigente de transportistas Ángel Espíritu, demandó al gobierno del estado seguridad, pues aseguró que no existen garantías de ingresar a la ciudad para unos mil trabajadores de las rutas que vienen de los municipios de Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero, Quechultenango, Mochitlán y del valle del Ocotito.
En tanto, unidades oficiales de Protección Civil, Tránsito y Policía municipal se habilitaron como servicio de transporte público, lo que ha resultado insuficiente en una población de casi 300 mil habitantes, sin contar la que se desplaza diariamente a la capital por trabajo y estudio.
Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, informó por medio de sus redes sociales que supervisó filtros de seguridad.
La mandataria apareció en puntos de revisión junto al secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Osuna, armado y pertrechado. Su mensaje fue grabado en la 35 zona militar en medio de mandos militares y tropa.
“He girado instrucciones para reforzar la estrategia de seguridad en la capital”, dijo.
Este martes la situación no mejoró. Las escuelas volvieron a suspender clases y la movilidad de la ciudadanía es mínima por la falta de transporte.
De igual forma, el director estatal de transporte, Arturo Salinas, recorrió junto a reporteros, bases de transporte foráneo para constatar que existe resguardo policiaco.
Por su parte, el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, informó en un comunicado que tomó la decisión de suspender temporalmente las actividades en el Palacio Municipal y dependencias para salvaguardar la integridad de los trabajadores.
Mientras que el gobierno del estado está justificando las faltas de los trabajadores que no pueden trasladarse por falta de transporte.
Las calles permanecen semivacías y la actividad económica está mermando en una ciudad sin industria ni producción, que vive del comercio, la mayoría informal, y la burocracia.
Hasta este martes no se han cuantificado las pérdidas económicas.
Este nuevo episodio de violencia inició la semana pasada. El jueves, vecinos de pueblos de la sierra y el valle del Ocotito de Chilpancingo bloquearon por más de seis horas la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, en demanda de seguridad tras la irrupción de un grupo delictivo en dos de sus comunidades.
La zona atacada, de acuerdo con fuentes de seguridad, tiene presencia del grupo delictivo Los Ardillos. Mientras que el grupo que irrumpió pertenece al Cártel de la Sierra o Los Tlacos. La disputa fue trasladada a la ciudad.
En manifestaciones similares de vecinos del valle del Ocotito, por medio de lonas, se ha acusado al gobierno de Evelyn Salgado de presuntos nexos con la organización criminal Los Tlacos, mientras que en la ciudad han aparecido mantas señalando a funcionarios del gobierno municipal de Gustavo Alarcón por presuntas relaciones con el grupo delictivo Los Ardillos. El gobierno estatal y los funcionarios municipales han negado tales vínculos.
De noviembre de 2023 a febrero de 2024, Chilpancingo vivió una crisis de seguridad por la misma disputa de grupos criminales en la que se vieron involucradas autoridades locales y estatales, ante la cercanía de la elección por el Ayuntamiento.
El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Victimas de la Violencia, Filiberto Velázquez, declaró a la prensa, el pasado 5 de septiembre, que la tregua entre los dos grupos delictivos -que a sus propias palabras se habían dividido el control de la economía y el transporte en Chilpancingo- se fracturó tras el asesinato y decapitación del alcalde Alejandro Arcos Catalán, en octubre de 2024.
