Organizaciones civiles han alertado este martes sobre retos en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, de cara a la posible revisión temprana del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y demás presiones comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump.
En medio de la tensión comercial con los Estados Unidos, más de 20 organizaciones civiles, colectivos y especialistas presentaron la ‘Coalición de organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos laborales en la revisión del T-MEC’ para incidir en la revisión del capítulo 23 del tratado.
De igual forma, presentaron el ‘Diagnóstico laboral del T-MEC’, un documento que servirá para visibilizar las áreas de oportunidad en el tratado, como la persistencia del trabajo forzoso y otras violencias que afectan en especial a sectores vulnerables, como migrantes, mujeres y jóvenes.
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“Aunque formalmente programada para el 2026, esta revisión (del T-MEC) ya está en marcha, y representa una ventana de oportunidad única para fortalecer los compromisos en materia de derechos laborales que contempla el capítulo 23”, señaló Alejandra Ancheita Pagaza, fundadora y directora ejecutiva de la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).
Ancheita Pagaza ha subrayado que la relevancia de este capítulo, que ha impulsado en México la reforma laboral de 2019, la creación de nuevos tribunales laborales, el mecanismo de prohibición de importaciones de trabajo forzoso, y demás herramientas para mejorar las condiciones de trabajo y hacer una promoción sobre la democracia sindical.
Pero alertó de que estos avances han sido muy pocos, pues “persisten prácticas antidemocráticas en sindicatos, condiciones de trabajo precarias en sectores clave y barreras sistemáticas para la justicia laboral”.
En el diagnóstico, las organizaciones señalan que en 2023 un 91 % de las visas H2-A de EE.UU., para trabajadores agrícolas temporales, correspondieron a México, al tiempo que advierten de la falta de seguridad social para empleados temporales, quienes muchas veces se establecen en viviendas precarias, sin higiene ni servicios.
Ahora “hay una oportunidad de integrar en el debate regional que este tipo de visas de trabajo temporal sean parte de la renegociación”, expuso Eduardo Villarreal, coordinador de Análisis e Incidencia en ProDESC.
“Y no solamente que existan más visas, sino que exista un procedimiento (…) que garantice los derechos humanos para las personas trabajadoras”, agregó.
