El Gobierno de México, a través del Diario Oficial de la Federación, ha compartido el viernes el decreto que modifica los artículos 4° y 5° de la Constitución, el cual prohíbe oficialmente el empleo ilícito del fentanilo, así como la producción, comercialización y distribución de vapeadores.
Firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el decreto ha alcanzado los requerimientos de modificación tras ser aprobado en las dos Cámaras del Congreso, así como por los congresos locales (con 22), con el propósito de fortalecer el cuidado de la salud, y sancionar el empleo de dichos artefactos que exponen a la población a sustancias nocivas.
Con el cambio decretado al artículo 4° constitucional, ahora es penado por la ley cualquier actividad que este vinculada a los vapeadores, mientras que el 5° prohíbe el ejercicio relacionado con estos productos, como la fabricación y venta en territorio mexicano.
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En cuestiones de fentanilo, los cambios también prohíben la fabricación y la distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el narcótico que ha despertado presiones de Estados Unidos a México.
La reforma fue resultado de la propuesta enviada a la Cámara de diputados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la envió como parte de su paquete de reformas ante el creciente problema de salud que representan los dispositivos y sustancias químicas.
Desde entonces, desde el Ejecutivo se argumentó que estudios clínicos han logrado demostrar los daños pulmonares que tienen relación al uso de estos dispositivos, como enfermedad obstructiva crónica, bronquiolitis, fibrosis pulmonar y cáncer.
En dicho momento, ante la aprobación por parte del Congreso, Marcela Madrazo, directora general de Vapeo Informado, dijo durante una entrevista para ‘Aristegui en Vivo’ que la prohibición constitucional de los vapeadores en México no solo sería inédita a nivel mundial, sino que además podría fortalecer el mercado negro y aumentar el consumo en menores de edad.
“La Constitución es el marco normativo que establece cuáles son las garantías y los derechos que el Estado está obligado a garantizar, y entre ellos, está la protección a la salud. No es la Constitución -de ninguna manera- el marco jurídico donde debiera prohibirse cualquier sustancia”, declaró.
La directora cuestionó la equiparación de los vapeadores con sustancias como el fentanilo, calificándola como desproporcionada.
