CIUDAD DE MÉXICO — Un obispo de la Iglesia católica en Tapachula ha denunciado que en la sierra fronteriza con Guatemala, donde casi 600 personas huyeron esta semana para refugiarse en territorio guatemalteco, la población civil fue forzada a “participar como escudos humanos” en los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región.
En un comunicado fechado el miércoles, el obispo emérito de la diócesis de Tapachula, Jaime Calderón, afirmó que a la ya dolorosa situación de esa región, con sus habitantes “secuestrados” en sus comunidades, obligados a pagar extorsiones y a enfrentar retenes impuestos por los criminales, se sumó recientemente el “ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
Según el comunicado, estos eventos ocurrieron el 20 y 22 de julio, aunque no se mencionaron comunidades específicas.
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles la llegada a su país de familias mexicanas que huían de la violencia. Hasta el momento, los servicios de atención en Guatemala habían atendido al menos a 580 personas, entre ellas niños, mujeres, hombres y ancianos, que cruzaron la frontera desde México en busca de refugio.
Estas personas llegaron a varios puntos del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, a partir del martes 23 de julio, un día después de la fecha mencionada en el comunicado del obispo.
Las autoridades mexicanas no se han pronunciado hasta ahora sobre estos hechos. La Secretaría de Seguridad de Chiapas informó a AP que no había recibido reportes de incidentes en la zona, y ni el gobierno del Estado ni la Cancillería mexicana respondieron a solicitudes de comentario.
En un documento de las autoridades guatemaltecas al que AP tuvo acceso, los desplazados indicaban que abandonaron sus hogares debido a la escasez de alimentos y la violencia entre grupos del crimen organizado.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación llevan más de un año luchando por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas en Chiapas, el estado mexicano más pobre, que conecta con Centroamérica y donde el crimen ha utilizado conflictos locales para dividir a las comunidades.
La violencia en la región ha aumentado, con asesinatos, desapariciones y cobro de extorsiones que han dejado a la población en una situación económica crítica. Ahora, los civiles se ven obligados a convertirse en escudos humanos.
“La situación es desesperante, es muy complicado vivir así”, indicó el obispo Calderón, refiriéndose a toda la sierra fronteriza. Pidió protección y ayuda para la población.
“Por un lado, secuestrados en su propia casa, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de impotencia ante lo incomprensible de la situación que viven; por el otro, la presencia de destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano que no hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”, añadió.
Calderón denunció que los militares reciben órdenes del gobierno para tener “presencia en el territorio sin intervenir para proteger a la población”, mientras que los cárteles “nos quieren someter al silencio”, amenazando a la población para que “no se sepa ni se crea lo que estamos viviendo y sufriendo día a día”.
Frente a esta realidad, instó a la comunidad a levantar la voz y luchar por la unidad, a pesar de estar divididos por los criminales. “No nos quedemos callados”, exhortó.
Los desplazamientos de población en Chiapas se han multiplicado en los últimos meses, con personas que huyen con lo puesto ante las incursiones de los criminales. El mayor desplazamiento en décadas ocurrió en junio en la localidad de Tila, en la zona norte del estado, cuando más de 4.000 personas huyeron después de estar 72 horas encerradas por miedo a los grupos armados.
