CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados hizo la aprobación de sancionar con multa y prisión el uso indebido de naves pilotadas a distancia, mejor conocidos como drones.
La reforma aplica sanciones tanto para quien use los drones para lanzar artefactos explosivos como para quien los use para tomar foto o video de funcionarios con el fin de vigilarlos o agredirlos. La secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Rosangela Amairany Peña Escalante, aseguró en la argumentación del dictamen que en los últimos años los grupos delincuenciales han usado los drones como una herramienta frecuente para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.
Con al menos 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, el pleno hizo la aprobación del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
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La reforma, que fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales, viene a ser una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de agosto.
Con la reforma se activa la pena de prisión de diez a veinte años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia lance cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño.
Indica que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.
De igual modo, se aplicará pena de prisión de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De igual forma, a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos, para vigilar actividades de personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, se impondrá pena de tres a diez años de prisión, decomiso de los aparatos, equipo y objetos producto del delito, y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Indica que cuando el bien que resulte afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas, seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad.
De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Peña Escalante expuso que los ataques con drones con explosivos y elementos químicos no solo han sido realizados en contra de instituciones de seguridad, sino también en contra de la población civil. “Por ello, el problema que se intenta solucionar con el dictamen no es menor”.
Braulio López Ochoa Mijares, diputado de Movimiento Ciudadano, consideró que, si bien los drones se pueden ocupar con fines ilícitos, “creemos que este dictamen no es la respuesta correcta, ya que hay varias normas que regulan la venta y adquisición de los drones, incluso preocupa que éstos se ocupen como exclusivos, pero para eso también ya hay una regulación”.
Con la regulación que se hace en el tipo penal y las agravantes que se establecen, dijo, se deja demasiado abierta y esa es la preocupación. “Creemos que con este tipo penal se empiece a criminalizar a periodistas que hagan ciertas tomas o videos y ocupen drones para ello”.
