Pese a la suspensión definitiva, las obras del tramo 7 del Tren Maya continúan, lo que ha llevado a que las comunidades mayas de Campeche, dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, sigan en una batalla legal y acusen al gobierno de desacato.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil no ha desistido en su lucha, a pesar de que han pasado 4 años y medio desde que se interpuso el primer amparo en 2020 para detener la construcción del tramo 7 del Tren Maya por no haber sido consultados de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Ya están comenzando a sentir los efectos en sus comunidades: tala de árboles, deforestación, contaminación, especulación inmobiliaria y desplazamiento.
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Aunque quedan pocos juicios contra el Tren Maya tras el decreto presidencial que la declara obra de seguridad nacional, el juicio de la comunidad de Xpujil persiste. Desde el 4 de marzo de 2020, un juez dictó la primera suspensión de la construcción a su favor.
En una entrevista con Animal Político, Romel González Díaz, miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, explicó que la demanda de amparo se presentó antes del decreto presidencial porque la ley no es retroactiva. Se demostró que se vulneró el derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, y que el gobierno no llevó intérpretes a la asamblea consultiva organizada.
Romel considera que la consulta fue un engaño, ya que solo se les hicieron promesas y se elaboró una lista de 2 mil 600 necesidades de las comunidades, ninguna de las cuales se ha cumplido.
“Lo que queda claro es que el Poder Ejecutivo, representado por López Obrador, está violando los derechos de los pueblos”, dice Romel, responsable del área jurídica y defensor comunitario, en referencia a la falta de una consulta indígena adecuada y “de buena fe”.
El 1 de julio, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, confirmó la suspensión definitiva del juicio de amparo indirecto 1519/2021, tras un recurso de revisión presentado por la Consejería jurídica de la presidencia y Fonatur para intentar revertirla.
