CIUDAD DE MÉXICO. — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 40 objetivos —25 personas físicas y 15 empresas proveedoras de material electoral— y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar posibles responsabilidades penales.
Entre las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas figura Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como el contratista José Alfredo Hernández Casillas y personas vinculadas a su entorno empresarial.
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Mecanismos de simulación e investigación de contratos
La indagatoria cobró relevancia tras las revelaciones vertidas por el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien dio a conocer que entre los años 2014 y 2025 un grupo de cinco empresas con presuntos nexos entre sí obtuvo adjudicaciones por un monto acumulado de 2 mil 461 millones de pesos emitidas por organismos públicos locales electorales.
Las pesquisas de la autoridad financiera apuntan a la posible operación de esquemas de simulación de competencia entre las compañías señaladas, las cuales mantendrían vínculos directos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con los reportes de contratación, las firmas involucradas y sus respectivos montos acumulados corresponden a:
- Cajas Graff: 1,072 millones 876 mil pesos asignados por 21 organismos electorales locales, adicionados a 198 millones 738 mil pesos contratados directamente por el INE.
- Formas Finas: 815 millones 961 mil pesos.
- Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil pesos.
- Comercializadora JVLY: 208 millones 396 mil pesos.
- Seriplast: 85 millones 123 mil pesos.
- Carácter preventivo de la medida administrativa
La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y precautorio ante la detección de operaciones financieras que presentaron elementos de riesgo, por lo que no representa un fallo definitivo sobre la culpabilidad de los señalados. La dependencia aclaró que las personas y razones sociales involucradas conservan plenamente sus garantías constitucionales de audiencia y los mecanismos legales de defensa.
Por su parte, el caso se encuentra bajo la conducción de la representación social federal para determinar las probables responsabilidades e investigar la asignación y manejo de los recursos públicos destinados a la adquisición de insumos electorales.
