La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) asestó un nuevo golpe contra la presunta red de irregularidades en la administración 2019-2022 de Gómez Palacio. En un operativo desplegado en Torreón, Coahuila, fue detenido Antonio “N”, ex tesorero municipal durante la gestión de la morenista Marina Vitela, bajo cargos de uso indebido de atribuciones y facultades.
El “modus operandi”: Cheques ilegales e indemnizaciones fantasma
De acuerdo con las investigaciones de la autoridad ministerial, Antonio “N” presuntamente abusó de su posición al frente de las finanzas municipales para liberar 291 cheques a favor de diversos servidores públicos. Estos pagos, realizados bajo el concepto de indemnizaciones por despido, sumaron un total de 17 millones 953 mil 386 pesos.
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La Fiscalía sostiene que estas operaciones fueron ilegales, ya que la Constitución Federal y la Ley de los Trabajadores de Durango estipulan que tales compensaciones solo proceden en casos de despido injustificado y mediante convenios escritos, requisitos que no se habrían cumplido en este millonario desvío.
Un patrón de detenciones en La Laguna
Esta captura no es un hecho aislado. Antonio “N” es el segundo ex tesorero de la misma administración en caer ante la justicia. En julio de 2024, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Torreón Cuauhtémoc “N”, quien también se desempeñó como tesorero y síndico, enfrentando acusaciones similares por daño patrimonial al Ayuntamiento.
Contexto de lucha contra la impunidad
La detención de funcionarios por presuntos vínculos con la corrupción y el mal manejo de recursos públicos es una constante en el panorama actual de seguridad y justicia en México. Casos similares se han documentado en entidades como Morelos, donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad federal han ejecutado operativos como la “Operación Enjambre” para desmantelar redes de complicidad en gobiernos locales, la detención de Antonio “N” en Durango refuerza el discurso de “cero impunidad” que la presidencia de la República ha impulsado recientemente para sanear las instituciones.
El ex funcionario ya ha sido puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
