GÓMEZ PALACIO, – Miembros del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua han sido detenidos durante un fuerte operativo de seguridad, que se desarrolló el 18 de marzo, mientras se manifestaban tras el despido de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex y exigían una indemnización justa.
Reportes de la Fiscalía, indican que los delitos que enfrentan son robo de vehículos y ataques de las vías de comunicación, en tanto que el gobernador Esteban Villegas afirma que los integrantes “extorsionaban” a las empresas, lo que la asociación ha denunciado como la criminalización de su protesta.
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De acuerdo con integrantes del colectivo, la intervención se hace en horas de la tarde del miércoles 18 de marzo en el campamento norte que mantienen desde 2017, donde un grupo de 40 personas, entre ellas mujeres y adultos mayores, habían sido privadas de la libertad en medio de la protesta. Han denunciado que durante más de 24 horas las autoridades no habían brindado un reporte sobre su paradero ni su situación legal.
El Frente Unido, integrado por habitantes de más de 20 ejidos de la región Laguna, ha indicado que desde hace años tienen una lucha en defensa de su territorio de cara a la instalación de proyectos industriales, particularmente una planta de cianuro de sodio que, señalaron un riesgo para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, tras la protesta, la empresa había sido cerrada.
En dicho contexto, señalaron que la reciente manifestación a su vez respondía a la defensa de derechos laborales, ante el despido de trabajadores y antecedentes de amenazas y accidentes sin indemnización adecuada.
De acuerdo a su testimonio, el operativo incluye la participación de elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio, corporaciones estatales como la Policía Estatal, Policía Investigadora, así como fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional y personal del Ejército. Aseguraron que al menos 50 vehículos oficiales y unidades sin identificación rodearon comunidades como Abisinia, Dinamita, La Aurora y El Siete, ubicadas a poco más de 25 kilómetros al noroeste de Gómez Palacio, encapsulando a los manifestantes e impidiendo el acceso de otras personas para documentar los hechos.
De igual manera, denunciaron la presencia de elementos encapuchados y mandos operativos que dirigían las acciones, lo que calificaron como un acto de intimidación y represión contra una manifestación pacífica.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Durango informó que el operativo se derivó de denuncias presentadas por apoderados legales de empresas establecidas en el ejido Dinamita, así como de una empresa transportista que brinda servicios a distintas compañías. Según la dependencia, los manifestantes bloquearon accesos, invadieron caminos e incluso se apoderaron de dos tractocamiones, lo que puso en riesgo operaciones relacionadas con el manejo de explosivos.
La Fiscalía ha detallado que las personas exigían pagos adicionales para ex trabajadores que, aseguró, ya habían sido liquidados conforme a la ley, pero que se mantenían inconformes y solicitaban “cantidades excesivas”, advirtiendo que no retirarían los bloqueos hasta obtener dichos recursos, lo que configuraría el delito de extorsión. Añadió que estas acciones provocaron pérdidas económicas estimadas entre 80 mil y 100 mil dólares diarios.
Asimismo, señala que el colectivo ha incurrido de forma reiterada en este tipo de prácticas con varias empresas de la zona, presionando para obtener pagos fuera de los procesos legales. En ese contexto, indicó que sólo 28 personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo de vehículo y ataques a las vías de comunicación, mientras que el delito de extorsión continúa en investigación.
La dependencia también informó que algunas de las personas detenidas cuentan con órdenes de aprehensión previas por delitos como robo, robo de ganado, daños por incendio y extorsión.
El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, respaldó el operativo y afirmó que se trata de una decisión firme para frenar este tipo de conductas. “No nos vamos a doblar ante temas de extorsión”, declaró, al señalar que incluso algunas empresas habían considerado retirarse de Gómez Palacio ante la falta de acciones contundentes.
“El tema está tomado, es un tema decidido y quien tenga orden de aprehensión y quien tenga un delito, el Ministerio Público ya se hará cargo”, sostuvo el mandatario, quien aseguró que existen entre 60 y 70 denuncias relacionadas con estos hechos.
Villegas Villarreal también minimizó el origen del movimiento, al señalar que conflictos anteriores, como el relacionado con la empresa de cianuro, “ya se acabaron hace muchos años” y que actualmente se trata de disputas laborales que no se resolvieron como los manifestantes esperaban. “Están extorsionando, extorsionando y extorsionando”, reiteró.
Subrayó que los trabajadores que no estan conformes deben acudir a las instancias legales correspondientes: “No tienen por qué parar carreteras, camiones, no tienen por qué parar las empresas; si hay un despido, que se vayan por la parte jurídica laboral”.
Por su parte el exobispo de Saltillo, Raúl Vera López, y la asociación Encuentro Ciudadano Lagunero, que aglutina varios colectivos y asociaciones civiles, exigieron la presentación con vida de todas las personas detenidas, la liberación de quienes consideran víctimas de acusaciones fabricadas y el respeto al derecho a la protesta social en Durango.
