TUXTLA GUTIÉRREZ .- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas ha comenzado un proceso contra 11 policías municipales de los ayuntamientos de Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, esto ante su presunta relación con actividades delictivas, tras la revisión de la situación legal de 156 elementos, detalla el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca.
A través de una trasmisión en vivo en sus redes sociales, el funcionario contó que durante el fin de semana se hizo el despliegue de un operativo interinstitucional con respaldo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mediante el cual se trasladó a los agentes que se encontraban en calidad de “presentados” a las instalaciones de la FGE, donde se determinó su situación jurídica.
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Detalló que fueron revisados los expedientes laborales, administrativos y de control de confianza de unos 101 hombres y 55 mujeres. Durante la intervención se aseguraron 200 teléfonos celulares como parte de las investigaciones.
“Tras concluir el término legal de la investigación, este lunes se judicializó a 11 elementos, quienes fueron presentados ante el órgano jurisdiccional para enfrentar el proceso correspondiente por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias”, precisó el fiscal.
Llaven Abarca afirma que las indagatorias continúan y no se descarta que algunos de los involucrados puedan ser investigados también por el delito de “halconeo”, el cual recientemente fue reformado con un endurecimiento de penas que puede alcanzar hasta 15 años de prisión, incluyendo modalidades digitales mediante el uso de tecnologías, redes sociales y drones.
De los 11 policías judicializados, tres pertenecen al municipio de Cintalapa, seis a Ocozocoautla y dos a Jiquipilas. El resto de los elementos fue liberados bajo reserva de ley, por lo que podrían ser llamados nuevamente a ampliar su declaración.
El fiscal general señaló que estas acciones forman parte de una investigación integral derivada de los hechos violentos ocurridos a finales de diciembre en el municipio de Villaflores, donde un comando armado, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, incendió dos bares, dejando como saldo tres mujeres heridas y ocho personas privadas de la libertad.
Posteriormente, siete de las personas secuestradas fueron localizadas sin vida, mientras que una de las mujeres lesionadas falleció días después mientras recibía atención médica.
Finalmente, al presentar un balance general de la incidencia delictiva en la entidad, Llaven Abarca informó una reducción del 50 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de 662 casos registrados en 2024 a 324 al cierre de 2025.
