CIUDAD DE MÉXICO – Las organizaciones no gubernamentales han propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum la formación de un mecanismo híbrido de justicia con relación a las desapariciones, integrado por actores nacionales e internacionales, al señalar que dicha problemática está inserta en una grave crisis de derechos humanos permeada por una impunidad activa.
La Red Universitaria para Los Derechos Humanos de Estados Unidos (University Network for Human Rights, UNHR) y el centro de análisis Fundar hicieron la presentación ayer miércoles el informe “Las desapariciones en México: Impunidad activa, y obstáculos en materia de justicia y búsqueda”, en el contexto de la conmemoración del 2 de octubre.
Después de destacar que a la fecha al menos 115 mil 275 personas se encuentran desaparecidas de acuerdo con el registro nacional, las organizaciones detallan que este fenómeno constituye el desafío más grave en cuanto a los temas de derechos humanos que enfrentará la nueva presidenta de México.
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El tema de los desaparecidos no fue abordado por Sheinbaum en su discurso de toma de posesión, hizo notar Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco, entrevistado por Carmen Aristegui el pasado 1 de octubre.
Detalles del informe
Un día después de que Sheinbaum hiciera la protesta como nueva mandataria, UNHR y Fundar hicieron la presentación de un análisis actual de la situación en México, con énfasis en los desafíos para tener acceso a la justicia, principalmente en lo relacionado con investigación y búsqueda.
“En el contexto de impunidad que impera en México, llamamos a la creación de un mecanismo híbrido de justicia en materia de desapariciones, conformado por actores nacionales e internacionales”, plantean las organizaciones.
Señalan que, desde hace casi dos décadas, el país está inmerso en una profunda y severa crisis en materia de derechos humanos, que deriva principalmente de la violencia asociada a la estrategia de seguridad militarizada y al combate en la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
“La crisis se ha agudizado por la impunidad activa y la falta de respuesta efectiva del Estado para enfrentarla. Este complejo fenómeno constituye el desafío más grave en la materia que enfrentará la nueva presidenta de México. A la fecha, al menos 115,275 personas se encuentran desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); de ellas, aproximadamente el 85% ocurrieron a partir de diciembre de 2006”, exponen las organizaciones.
La Red Universitaria para Los Derechos Humanos surgió hacia el final del año académico 2017-2018, a partir de una colaboración informal entre estudiantes de la Universidad de Stanford, en California, y actualmente apoya organizaciones de todo el mundo estableciendo programas de capacitación en la materia.
Los profesores y supervisores que la integran imparten seminarios sobre defensa de los derechos humanos en las principales casas de estudio estadunidenses, así como en América Latina y Europa.
Conclusiones
La ONG mexicana Fundar y UNHR identificaron la existencia de un marco institucional permisivo de la perpetuación de dinámicas de violencias y violaciones a los derechos humanos que ha llevado a una “impunidad activa”.
Esta, aseguran, no deriva únicamente de la ausencia de capacidades de las instituciones, sino de “una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”.
El informe analiza el fenómeno de desapariciones en México a la luz de este fenómeno, que –además de permear la respuesta estatal– afecta su administración e impartición de justicia, y reproduce e incentiva la comisión de estos crímenes.
“En este escenario, evidenciamos la falta de voluntad estatal en la búsqueda e investigación, donde las víctimas y familiares se enfrentan a un sinnúmero de desafíos estructurales y sistémicos en el acceso a la justicia en los tres niveles de gobierno, que se acentúan en un marco de actuación estatal caracterizado por una complicidad entre autoridades y delincuencia organizada.
“La inacción y falta de capacidad del Estado ocasiona que las y los familiares de personas desaparecidas se vean obligados a asumir los deberes del Estado en materia de investigación y búsqueda —ya sea de manera individual o colectiva, y con impactos agravados y diferenciados para las mujeres. Quienes, no solo padecen el trauma de la desaparición y la ruptura que este crimen ocasiona en todos los ámbitos de su vida, sino que se convierten en víctimas directas de la discriminación sistemática que impera en las instituciones del Estado”, aseveran en las conclusiones del informe.
