CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En mayo del año pasado, Ruth Escareño empezó a notar conductas inusuales y crisis nocturnas en su hija de dos años, quien lloraba cada vez que la dejaba en la guardería. Su calvario comenzó cuando, al llevarla al pediatra, este le sugirió acudir a las autoridades tras encontrar signos de abuso.
El 22 de mayo de 2023, a las 8:00 de la mañana, la pequeña comenzó a llorar al entrar a la guardería Techo Comunitario, AC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con número de registro U0499 y ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“En cuanto entró se le borró la sonrisa y me decía que no quería entrar. Lloraba y se tocaba su vagina diciendo ‘pipí, pipí, pipí’”, contó Ruth al diario La Jornada.
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Finalmente, decidió llevar a la niña con el pediatra, quien le recomendó ir a la fiscalía, donde había médicos legistas que podían ayudarla.
“Yo iba en shock, no podía ni hablar. Me hicieron muchas preguntas durante horas. A la niña le preguntaron si alguien le había hecho daño”, relató.
Esto fue solo el comienzo. La maestra Naomy Yamileth Rodríguez Pérez fue identificada como la presunta agresora de su hija y de otros 25 bebés, con edades entre 43 días y dos años y medio.
Pero la respuesta de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue desalentadora:
“Señoras, nos estamos enfrentando a una mafia muy grande. Creemos que la maestra trabaja para una red internacional”, les dijo.
Añadió que ya habían comprobado que “hay muchísimo dinero de por medio”. La maestra tiene 36 abogados particulares para atender las 26 carpetas iniciadas en su contra y el caso no avanza desde hace un año, pues la fiscalía siempre difiere las audiencias.
“Alguien la está protegiendo”, concluyó la agente del MP.
Cuando Ruth acudió a la fiscalía y fue sometida a un intenso interrogatorio, su pequeña hija fue examinada por una médica quien aprovechó que la niña estaba dormida para revisar su vagina; luego, al tocarle el ano, la niña despertó diciendo: “ahí no, ahí no”.
Al salir de la fiscalía, Ruth le preguntó a su hija qué pasaba y si alguien tocaba sus partes íntimas en la guardería. La pequeña asintió y cuando su mamá le preguntó quién, la niña señaló a su agresora: “La maestra Omi (Naomy)”.
Tras la confirmación del abuso, a Ruth le prohibieron hablar del caso. Se inició la carpeta 3926/2023 por el delito de violación agravada, siendo la primera de 26.
Lo más grave fue que, a pesar de las múltiples denuncias, el IMSS y la Fiscalía permitieron que la guardería siguiera operando con normalidad y mantuvieron el caso en secreto.
La directora de la guardería, Nidia Lara, supo de los hechos desde mayo, pero en lugar de aplicar un protocolo inmediato para la protección de los menores, entregó los expedientes del personal docente de la guardería, sin incluir los videos de las cámaras, argumentando que estaban en un punto ciego o con imágenes borrosas.
En su testimonio a La Jornada, Ruth comentó que las cámaras las resguardó el IMSS. Los agentes ministeriales arrestaron a la maestra en la guardería y, al darse cuenta de ello, los padres preguntaron qué sucedía. La directora Nidia Lara les dijo que solo era una investigación y que todo estaba bien.
“Yo le llamé para decir: ‘Nidia, yo sé que se trata de abusos sexuales’, y ella me contestó: ‘¿No, cómo crees?, claro que no’. Pero le dije: ‘Le exijo que haga una junta para avisar a los papás’”, relató Ruth.
La junta se realizó, pero la directora pidió a Ruth que no asistiera. Ruth no hizo caso y acudió.
“Nos dijo puras mentiras: que se trataba de un caso de maltrato a un niño, pero nunca que eran abusos sexuales. Afirmó que se había actuado a tiempo y que estaban cooperando con las autoridades. Y que todo estaba muy bien”, narró Ruth, quien decidió hablar con los padres para sugerirles que revisaran a sus hijos.
Así se fueron sumando más casos: primero cinco, luego otros tres y así hasta llegar a 26 casos, 10 niños y el resto, niñas.
Pasaron los días y la guardería seguía operando mientras los casos se seguían acumulando. Suspendieron la guardería una semana y reabrió, pero entonces Ruth acudió a la Comisión de Derechos Humanos.
Pidieron la clausura definitiva y que se investigara a otras maestras porque ya eran muchos niños afectados. Finalmente lograron que el IMSS rescindiera el contrato con la empresa.
Fue el 13 de julio de 2023, dos meses después de la primera denuncia, que el IMSS informó que la guardería sería cerrada para investigar las acusaciones de abuso sexual.
Naomy Yamileth Rodríguez, de 23 años, licenciada en educación, fue vinculada a proceso e ingresada el 8 de julio al Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil 2.
El 29 de junio, se presentó una segunda denuncia que quedó asentada en la causa penal 3828/2023. La maestra también fue vinculada a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un término de 24 meses.
En total, 40 niños y niñas fueron sometidos a exámenes periciales, sin embargo, ha sido complicado porque entre las víctimas hay menores lactantes que no hablan ni caminan. Para tomarles declaración han utilizado un método llamado “Antenas por los Niños”, con un títere cibernético operado por psicólogos.
Ruth se queja de que el IMSS ha dividido a los padres de las víctimas al entregar 2.5 millones de pesos a cinco familias como reparación y abandonaron las carpetas.
A un año de distancia, dice, la fiscalía ha ido difiriendo las audiencias y el tortuguismo empieza a jugar contra las víctimas, porque algunas, al ser tan pequeñas, ya olvidaron los hechos o se niegan a recordarlos.
Naomy, la maestra acusada, comenzó su defensa con un abogado, luego con 13 y actualmente tiene 36 a su servicio, además del apoyo de una ONG llamada “Proyecto Inocencia” creada para exonerar a personas condenadas injustamente.
De acuerdo con Ruth, en un cateo, a la maestra le encontraron cuatro celulares y dos computadoras portátiles con videos que tomaba a los pequeños, a quienes hacía bailar de manera “sexy”, a pesar de que supuestamente las maestras tienen prohibido acceder con celular a la guardería.
Ruth contó a La Jornada que el año pasado la agente del MP le dijo que había demasiada evidencia para sentenciar a la maestra Naomy, pero este año que preguntó le dijeron que no.
La madre asegura que seguirá luchando por justicia y escalará el caso de lo local a lo nacional. Incluso considera acudir a la conferencia presidencial mañanera para denunciar.
“No voy a quedarme callada, me tienen que matar para callarme. Ellos son chiquitos, no tienen voz, somos la voz de mi hija y de los demás niños”, advirtió.
