CIUDAD DE MÉXICO – Ni el gobierno federal ni las administraciones estatales y menos los organismos electorales se miran capaces de hacer detener la ola de atentados ejecutados por grupos criminales contra los candidatos que buscan uno de los 20 mil 708 cargos durante las elecciones del próximo 2 de junio.
El asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, el segundo municipio con mayor violencia de Guanajuato –a su vez el estado con más homicidios de México–, se agregó a otros 22 homicidios llevados a cabo contra los aspirantes o candidatos durante el presente proceso electoral, según reportó la firma Integralia Consultores.
El think tank Laboratorio Electoral, por su parte, ha confirmado 51 asesinatos vinculados con el proceso electoral, donde se incluye a los aspirantes, precandidatos y candidatos, así como a sus familiares, desde el pasado mes de junio.
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“A lo largo y ancho del país, sobre todo en algunas regiones, nuestra democracia está capturada por grupos criminales. Esta democracia se ha convertido en un medio eficaz para que las organizaciones delictivas asuman el control de los territorios y comiencen a regular y explotar toda clase de actividades políticas económicas y sociales, lo que está dando paso a la conformación de una suerte de régimen criminal”, estima Armando Vargas, analista en Integralia Consultores.
Según con un estudio que Vargas coordinó y que Integralia publicó el pasado 2 de abril, 12 de las 22 víctimas de asesinato eran militantes de Morena, 3 del PRI, 3 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano (MC) y uno del PRD, del PVEM y del PT, respectivamente.
Los asesinatos pasan en entidades gobernadas por partidos de todo el espectro político-electoral: 5 ocurrieron en Guerrero, 4 en Michoacán, dos en el Estado de México y dos Chiapas entidades gobernadas por Morena; otros dos atentados mortales tuvieron lugar en Guanajuato, gobernado por el PAN, y otros dos en Jalisco, bajo la administración de MC. La consultora reportó otros asesinatos en la Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, Puebla y Colima.
Los asesinatos pasan en un contexto más amplio de violencia contra los aspirantes a cargos de elección popular. Entre el 1º de septiembre de 2023 y el 1º de abril de este año, Integralia ha reportado más de 300 “incidentes de violencia política”, que incluyeron 72 amenazas y 16 atentados con armas de fuego contra candidatos, sobre todo a cargos municipales.
A comienzos del año, la firma, creada por Luis Carlos Ugalde, otrora presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ya hacia la advertencia sobre la probabilidad “muy alta” de un aumento de la violencia durante el proceso electoral, producto de las pugnas entre grupos armados para “ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales”.
“Se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido a: i) el número de cargos en disputa a nivel local, ii) la proliferación de organizaciones criminales y iii) la diversificación de los mercados ilícitos”, señaló. Tres meses más tarde, la firma confirmó su diagnóstico, pues sostuvo que “el proceso electoral 2023-2024 ya es el más violento de la historia moderna de México”.
En el proceso electoral de 2018, la consultoría Etellekt había registrado 774 agresiones contra candidatos, incluyendo 48 homicidios, y en las elecciones de 2021 reportó 782 actos de violencia, con 35 asesinatos de candidatos y aspirantes. En ambos casos, las víctimas pertenecían a diversos partidos políticos.
“Las formas de violencia que monitoreamos son los homicidios, las amenazas, los atentados con armas de fuego, los secuestros y otras formas de violencia, como las desapariciones, las agresiones físicas, el robo, y tratamos de determinar la vinculación con el crimen organizado. Por ejemplo, si se usaron armas de alto calibre, si hubo narcomantas o si el territorio está en disputa; se hace un análisis contextual”, indica Vargas.
