TOLUCA, Edomex – Viridiana Rodríguez, exesposa del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, ha exigido a la gobernadora Delfina Gómez intervenir para que se destraben las denuncias que creó en contra de su exmarido ante los supuestos delitos de secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder y por el uso indebido de fuerza pública, en su contra y la de su familia.
Por su parte, Martínez Carbajal tildó de falsos e infundados estos señalamientos que sólo “buscan crear un clima de hostilidad, recurriendo a temas estrictamente personales”.
A ocho meses de ausencia, su repentina salida del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la detención que considera arbitraria de su padre, la exprimera dama toluqueña rompió el silencio a través de un video subido a sus redes sociales, grabado, de acuerdo a lo que expone, fuera de territorio mexiquense, por seguridad.
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“Exijo a la gobernadora que tome cartas en el asunto, ya que se negó a escucharme de viva voz, y cuando llegó a la administración me quitaron la seguridad que a consecuencia de la balacera que sufrieron mis padres me tuvieron que otorgar, dejándome más vulnerable, sólo con un botón de pánico que no sirve para nada”, indicó.
También hizo la demunda al fiscal José Luis Cervantes mostrar a Gómez Álvarez el expediente completo, pues lo acusa de intervenir para de esta manera detener las investigaciones y proteger al priista, a pesar de que se han dado todas las pruebas para demostrar estas acusaciones.
Viridiana Rodríguez aseguró que al lado del alcalde estuvo por 12 años viviendo violencia física, emocional y sexual; “hoy vivo un infierno que comenzó a arder el 12 de abril con la detención ilegal de mi padre, sin orden de aprehensión ni de cateo, ejecutada por la Policía Municipal comandada por Iván Zepeda, entonces director del DIF”, quienes allanaron su oficina, lo golpearon y sacaron a la fuerza con apoyo de un comando de 40 policías.
La detención, dijo, es por una venganza personal, debido a que en febrero ella decidió dejar al alcalde, quien además quería que su exesposa le regresara documentos no especificados, a cambio de la libertad del suegro.
Afirmó que por la detención del papá como la violencia familiar se denunciaron de cara a estas instancias correspondientes, pero la noche del 5 de mayo, un día inhábil, se apersonaron en su domicilio personal de la Fiscalía, la nueva directora del DIF Municipal y el notario Erick Santín para obligarla a firmar el desistimiento por delitos graves en que el perdón no procede, como secuestro, violencia familiar, allanamiento, daño en propiedad ajena, despojo, abuso de autoridad, abuso de poder y uso indebido de fuerza pública.
Por el mierdo y bajo la promesa de dejarlos en paz, manifestó que también les obligaron a suscribir un convenio de confidencialidad que les prohíbe hablar del alcalde en un tiempo de 15 años; de hacerlo, les obliga a pagarles 15 millones de pesos; y también les compromete a no ejercer acción legal en su contra, la de su equipo y la de su amante, con quien asegura tenía encuentros sexuales en sus oficinas mientras estaba casado.
La extitular del DIF toluqueño responsabilizó al alcalde, su equipo cercano y la Policía Municipal de cualquier agresión hacia ella, su familia y su abogado.
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