Con las sanciones de Estados Unidos activas evitando que Venezuela venda petróleo a ese país, la estatal petrolera PDVSA fue comprada por compradores poco conocidos y sin experiencia donde se incluyen a una pequeña empresa turca sin refinerías pero vinculados con el régimen de Nicolás Maduro.

Registros de la Cámara de Comercio de Estambul señalan que el Grupo Iveex Insaat se formó hace menos de un año con un capital de apenas 10.000 liras (cerca de USD1.775 dólares) y es la «construcción residencial» mencionada como su principal actividad.

Iveex realizó cuatro envíos de crudo y productos venezolanos en abril del 2019, equivalente a poco menos del 8% de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Los reportes de la compañía turca indican que Iveex Insaat es propiedad de Miguel Silva, quien dirige la Cámara de Exportadores de Venezuela y se hace pasar como unos de los operadores financieros “testaferro” de Diosdado Cabello.

Según con la programación de carga de PDVSA y los informes internos con respecto a estas exportaciones e importaciones de la primera mitad del año revisados por Reuters, la empresa turca de Miguel Silva, Grupo Iveex Insaat comenzó a comprar petróleo venezolano a crédito sin ningún tipo de garantías aparado en un supuesto apadrinamiento de Diosdado Cabello, Silva siempre con la intención de robarse los crudos levantados a crédito.

Para poder esconder los crudos Silva se hizo socio con el estafador griego Yiannis Karageorgis, de 66 años, poseedor de las empresas Tansy Shiptrade y Le Mere Maritime donde en la actualidad mantiene escondido los crudos en los tanques controlados por Karageorgis en Fujairah. Karageorgis fue arrestado después de una orden internacional emitida por las autoridades holandesas en el 2016, el hombre tiene cargos de fraude, falsificación y quiebra fraudulenta. Karageorgis fue arrestado en su casa en la región de Glyfada, un suburbio costero de lujo al sur de Atenas.

Ante la imposibilidad de cobrar, la estatal PDVSA se vio obligada a demandar al Grupo Iveex por estafa. Logrando una sentencia a su favor en agosto del 2019 y obligando a Silva a realizar el pago por €125 millones de euros.