Pence y Bolton aseguran que «Estamos con el pueblo de Nicaragua» contra el régimen sandinista, que ha causado mucho dolor en las familias nicaragüenses

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence afirmó, tras el anuncio de las sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y Néstor Moncada que: «Nuestra Administración continuará apoyando al pueblo de Nicaragua y responsabilizará al régimen de Ortega hasta que se restaure la democracia y Nicaragua celebre elecciones libres, justas y anticipadas».

Esta viene a ser solo una de las muchas reacciones que ha provocado en la administración Trump y en los círculos políticos de Washington el anuncio de las sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y el asistente del presidente Ortega, Néstor Moncada Lau.

La Subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breier, compartió en la cuenta oficial de su oficina: «la Orden Ejecutiva firmada por @POTUS (presidente de Estados Unidos) y las designaciones de @USTreasury (Departamento del Tesoro) muestran que EE.UU. no aceptará campaña de represión sistemática en Nicaragua por parte de Ortega/Murillo. Aquellos que continúen cooperando con esa campaña pueden encontrarse sujetos a acciones futuras”.

El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, aplaudió ayer martes la decisión del presidente Donald Trump de aplicar sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y el asistente principal del presidente Daniel Ortega, Denis Moncada Lau.

«Esta administración tomó acción contra uno de (los miembros) de la Troika de la Tiranía en Latinoamérica», declaró Bolton en un tuit.

«La nueva orden ejecutiva (del presidente Donald Trump) contra e régimen de Ortega es por el indiscriminado uso de la violencia y ataques contra la democracia», agrega el asesor de la Casa Blanca. «¡Estamos con el pueblo de Nicaragua!», expresó Bolton.

El martes 27 de noviembre, el gobierno de Donald Trump aprobó duras sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, además de una declaración de riesgo a la seguridad de EEUU del gobierno de Ortega y la Nica Act por el Senado norteamericano.