Con los 73 votos a favor la Asamblea de los sandinistas aprobó la reforma a la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” (ley 977), la misma que obliga a los abogados y notarios a reportar ante el Poder Judicial los movimientos financieros que sospechan de sus defendidos, haciéndolos “espías” de sus propios clientes.
La reforma la envía la Asamblea al dictador Daniel Ortega a finales del mes de junio y estableció entre sus motivos “la necesidad de ampliar la lista de actividades y profesiones a abogados y notarios”, pero esto a juicio de los abogados y notarios públicos de manera directa violenta el sigilo profesional.
Además fue designado el Poder Judicial como su supervisor en asuntos anti lavado de activos, y contra el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para el orteguismo, “la reforma busca fortalecer la seguridad económica del país y fortalecer la estrategia del Muro de Contención que Nicaragua ha venido desarrollando desde el año 2007”.
Sin embargo, abogados como el Dr. Julio Montenegro ha dicho que “aparentemente quieren que los profesionales del Derecho, de alguna manera, transmitan información de sus clientes y este es un tema delicado, porque el abogado debe ser fiel con la persona a la que le presta el servicio”.
“La proyección de esa ley estaría poniendo manos arriba a los procesados y complicaría su derecho de presumir inocencia, porque los mismos abogados estarían siendo objeto de medidas para transmitir información y se debe recordar que nadie está obligado a admitir sus hechos, a todos se les debe presumir la inocencia”, dijo Montenegro el 28 de junio pasado.
La reforma a La ley 977 entra en vigor una vez sea publicada en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua.