José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), descartó las afirmaciones de un vocero del Instituto Nicaragüense para el Desarrollo Económico (INDE), a un canal de televisión nacional, sobre la reforma a la ley eléctrica que tiene un presunto carácter político, dirigido para presionar a las grandes empresas, clientes del monopolio de las distribuidoras.

Aguerri afirmó que “la persona o institución que dijo eso debe explicarlo” y que lo visto hasta este momento es que “la reforma plantea darle mérito ejecutivo a la factura -de Disnorte y Dissur- para que pueda ser llevada, en caso de un proceso, a la persona en mora, sea natural o jurídica, ante las instancias judiciales”.

El líder de la cúpula empresarial afirmó que la reforma al artículo de la ley 554, Ley de Estabilidad Energética, “no cambia los procedimientos legales establecidos” de tal manera que un cliente de la empresa “tiene dos instancias para hacer un reclamo, ante la distribuidora y ante INE”.

Lo que las distribuidoras deberán hacer ahora es acudir ante el INE, el ente regular del sector, para certificar una o más facturas, para darle el mérito ejecutivo que aprobará la Asamblea Nacional con la reforma al artículo 5.

“El INE levanta esa certificación en que dice que la factura es válida… la mora, pequeña, mediana o grande, adquiere así el mérito para agilizar el cobro”, explicó Aguerri.