Los periodistas y ciudadanos nicaragüenses que se encuentran exiliados protestaron a las afueras de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica para sentar su rechazo a la Ley Mordaza “Ley Especial de Ciberdelitos” que pretende “censurar y criminalizar las redes sociales y el ejercicio periodístico” en esta nación centroamericana.
A través de una transmisión especial el Foro de Prensa Independiente en Nicaragua afirma que la Ley Mordaza bajo el falso pretexto de “descontaminar” la comunicación, es una clara persecución y censura a cualquier forma de información en el país.
Lucia Pineda Ubau, Directora de 100%Noticias desde Costa Rica dijo que “venimos a decirle que no tenemos miedo, no tenemos miedo y rechazamos las leyes mordazas. El periodismo independiente en Costa Rica ratifica nuevamente ese compromiso con el pueblo de Nicaragua y el mundo, un compromiso con las libertades, un compromiso con los derechos humanos, un compromiso con la democracia en Nicaragua”.
A través de un comunicado, el Foro de Prensa Independiente afirmó que la ley apunta a controlar y censurar la información que provenga de Internet, debido a que es el único espacio de libre comunicación que los dictadores no han logrado dominar.
El periodista Héctor Rosales de Nicaragua Actual reiteró que la Ley Mordaza no solo afecta a los periodistas y medios de comunicación sino a todos los ciudadanos “afecta a todas las personas que quieran continuar denunciando la violación total de los derechos humanos de nuestros hermanos nicaragüenses, incluso es una amenaza clara para todos los periodistas que estamos aquí en Costa Rica, o cualquier parte del mundo, nos está amenazando pero continuaremos denunciando esas arbitrariedades”
Ricardo Somarriba, Coordinador de PCIN Costa Rica, es parte del rechazo: “Nos llena de alarma, como periodistas y comunicadores la nueva Ley de Ciberdelitos que quiere imponer el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la población nicaragüense”.
El artículo 25 de la Ley Mordaza, castiga con penas de cinco a ocho años de cárcel a quien “revele información pública clasificada como reservada” y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”.
“Con esta ley punitiva se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el artículo 66 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”, refiere el Foro de la Prensa Independiente.