Llamado fue enviado a lo Corte Suprema de Justicia del Frente Sandinista (FSLN)

Por lo menos 10 organizaciones de mujeres en el istmo centroamericano hicieron el llamado a la dictadura de Daniel Ortega y también a la Corte Suprema de Justicia, a comenzar de oficio una investigación rápida e imparcial con respecto a la obstrucción policial al Movimiento de Mujeres María Elena (MEC), al rechazar el acceso a las instalaciones de la organización, en Managua.

“Estas acciones no pueden quedar impunes ya que evidentemente es un hecho de violencia institucional que busca infundir temor y amedrentar al MEC en su rol de defensoras de derechos humanos”, señala el comunicado.

Mujeres Centroamericanas manifestó que Sandra Ramos y del personal del MEC, son perseguidas políticas en el interior de su propio país, “en una clara vulneración de sus derechos humanos de parte de las autoridades, quienes deberían de garantizar el trabajo del MEC en defensa de las mujeres más pobres del país que demandan un derecho a vivir libres de violencia y a trabajar en condiciones dignas”.

La organización afirmó que Nicaragua es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que tengan una serie de principios y derechos que se basan en las normas del derecho internacional y protegen a las personas defensoras u organizaciones para velar por los derechos de la población.

“El gobierno de Nicaragua está obligado a facilitar los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo de la labor del MEC, sin que puedan sufrir ninguna coacción, amenaza o riesgo en el desempeño de este rol”, señalan.

El pasado 25 de septiembre, en horas de la mañana, el Movimiento María Elena Cuadra experimentó duras amenazas, abuso de autoridad y actos arbitrarios de obstrucción al domicilio de empleo del MEC, de parte de la Policía sandinista.

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