Los diputados de la dictadura sandinista estarán aprobando esta ley totalitaria

Los diputados de la dictadura sandinista dictaminaron de forma favorable la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” que se conoce popularmente como “Ley Putín” considerada como una amenaza clara y directa contra la libertad de asociación, trabajo y expresión de los defensores de derechos humanos, a la prensa independiente y a la cooperación, de acuerdo a las denuncias de varias organizaciones internacionales y nacionales.

Eurodiputados afirmaron a través de una carta enviada al dictador Daniel Ortega que esta ley “violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”.

La semana pasada un total de 609 eurodiputados votaron a favor de una resolución donde realizaron advertencias a Ortega y Murillo con sanciones si aprueban la Ley de Agentes extranjeros, la Ley de ciberdelitos y Ley de delitos de odio.

La resolución en su punto ocho indica “Pide al Consejo, en vista de la persistencia de graves abusos y violaciones de los derechos humanos, que, si se aprueban las propuestas de Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, de Ley Especial contra la Ciberdelincuencia y de Ley contra los delitos de Odio, y el Gobierno de Nicaragua sigue sin estar dispuesto a entablar un diálogo nacional sobre una reforma electoral adecuada y persiste la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, amplíe rápidamente la lista de personas y entidades susceptibles de sanción, incluidos del Presidente y Vicepresidente, poniendo un especial cuidado en no perjudicial al pueblo de Nicaragua” dice la resolución de los eurodiputados enviada al Consejo europeo.

La Ley de Agentes Extranjeros viene a mandar a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a registrarse en el Ministerio de gobernación para someterse a un control financiero. Organizaciones como la CIDH (Comisión interamericana de Derechos Humanos) advirtió que esta ley “permitirá sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos”.

El régimen esta ocupando el falso argumento de defender la independencia y soberanía de Nicaragua e impedir que exista cualquier injerencia extranjera para regular a “personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias (…) en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”.

Esta Ley obliga a “personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o extranjeras”, a inscribirse en el Registro e informar regularmente sobre los fondos recibidos y su uso. Así mismo inhibe de participación política a quienes son clasificados por Gobernación como Agentes Extranjeros y les prohíbe a ocupar cargos públicos y de elección popular, solo hasta un año después de dejar de ser “agentes extranjeros”. La Ley trae consigo multas, cancelación de la personalidad jurídica, confiscaciones por la vía de intervención de fondos y bienes.

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