Llaman a aplicar sanciones individuales y completas a Ramón Avellán, Aminta Granera y Francisco Díaz

Ex jefa policial Aminta Granera

Human Rights Watch realizó la solicitud de sanciones individuales para los funcionarios del dictador Daniel ortega a través de un informe completo sobre la crisis que atraviesa Nicaragua.

El informe documenta las acciones criminales cometidas por la policía, paramilitares y fuerzas de choque en los primeros días del mes de abril de 2018.

“La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos” afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco.

El informe, se titula “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua” en donde se detallan las acciones realizadas por funcionarios sandinistas durante la crisis sociopolítica.

Ortega “no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia” declaró Vivanco.

La situación, según Human Rights Watch, debe ser enfrentada con sanciones a funcionarios claves de la administración Ortega como Ramón Avellán, Jaime Vanegas (inspector general de la Policía), Luis Pérez Olivas (jefe de la cárcel El Chipote), Justo Pastor Urbina jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Aminta Granera y Francisco Díaz. Estos dos últimos fueron jefes de la policía y leales a Ortega.

El informe incluye fotografías, grabaciones de video e informes médicos de las víctimas de la represión.

Human Rights Watch recomienda a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea a imponer prohibición de ingresos y congelamiento de activos de los funcionarios sandinistas.

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