Al mismo tiempo que surgen constantes denuncias registradas por violaciones y abusos sexuales en contra de menores de edad, los padres de familia han comenzado la campaña en redes sociales «Cuida a mi hijo que yo cuido al tuyo», la cual, de acuerdo a la ciudadanía, es “la única alternativa” que han descubierto y tienen a mano hasta ahora, para prevenir los abusos contra niñas, niños y adolescentes.

Lorna Norori, integrante del Movimiento Contra el Abuso Sexual, dice que debido a la falta de tutela por parte del Gobierno sandinista para prevenir y castigar dichos delitos contra la niñez y la adolescencia, la población ha comenzado a buscar las alternativas de protección.

“Por ejemplo, en el colegio donde tenemos a mi niña mayor tenemos el problema que no hay guarda de seguridad en el día, sólo en la noche y hemos presentado ese caso pero no resuelven nada”, afirmó Fátima Flores, madre de familia.

Flores afirmó que aunque a diario un oficial de policía llega por la mañana al colegio donde estudia su hija para hacer vigilancia en el ingreso de los estudiantes, éste se va del lugar una vez que el centro educativo comienza las clases y no regresa más en el resto del día.

«Realmente el Estado no ha estado cumpliendo con su responsabilidad de proteger realmente los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, sino que desde el marco jurídico, desde la institucionalidad ha venido dejando toda esta situación en abandono», afirmó Norori.

Segpun Norori, esta realidad de México no se aleja de la que se vive en Nicaragua, pues las estadísticas sobre femicidios se refieren a si solas: 63 mujeres asesinadas en 2019, la mayoría de las víctimas tenía entre 18 a 25 años de edad, según registros de organizaciones de mujeres.

Critica liberación de reos comunes

La activista opinó sobre la reciente decisión del Gobierno de liberar a mil reos que se encontraban condenados por delitos comunes sólo ha incrementado el riesgo para las mujeres, niñas niños y adolescentes.

De acuerdo a Norori, estas liberaciones el Gobierno las está autorizando «sin tomar ningún criterio y sin escuchar las voces de quienes llegaron ante la justicia para pedir que se aplicara la ley a estas personas por los delitos cometidos».

Ángela Martínez, madre de familia, al ser preguntada sobre este tema calificó de incorrecta esta medida por parte del gobierno.

“Delincuentes peligrosos andan en la calle, o sea, están poniendo en más riesgo a la ciudadanía nicaragüense”, lamentó.