WASHINGTON DC — La corrupción política es uno de los problemas más arraigados en los países de América Latina, está tan penetrada que ha llegado incluso a las esferas más altas de los gobiernos.

En Centroamérica, por ejemplo, se encarceló al expresidente y la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti, respectivamente, ambos implicados en entramados de corrupción y desfalco a las arcas del Estado

En El Salvador, el expresidente Elías Antonio Saca, junto a otros de sus exfuncionario,s también están enfrentando un juicio por haber robado fondos públicos. Mauricio Funes, el primer presidente del partido izquierdista FMLN, se encuentra asilado en Nicaragua, ya que es solicitado por la fiscalía salvadoreña, por presuntamente haber robado millones de dólares.

Casos como estos -así como el del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo hermano fue recientemente condenado a prisión por tráfico de drogas y quien fue mencionado varias veces en el juicio realizado en Nueva York por su relación con los cárteles de droga del área- llevan a las personas a desconfiar de las autoridades y los mandatarios.

Para Hugo Rodríguez, subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la corrupción es un problema que afecta la seguridad nacional de Estados Unidos y de los propios países centroamericanos en tres aspectos puntuales, aseguró.

«Primero, la corrupción socava la democracia porque los ciudadanos pierden la confianza en los funcionarios y en las instituciones gubernamentales; en segundo lugar frena las economías, porque cuando captan los recursos del Estado para intereses privados, coartan los factores que favorecen el crecimiento económico; y tercero, la corrupción promueve la criminalidad al facilitar una variedad de otros delitos» dijo el funcionario.

Estudios recientes han comprobado que la confianza de las personas en los políticos ha disminuido significativamente en los últimos años, en gran medida, por esos sonados casos de corrupción.