En la foto la alcaldesa de Wiwilí Reyna Esmeralda Hernández Mairena, quien estaría convirtiéndose en otra mujer presa política del régimen en caso de ser apresada.

Tras la persecución y amenazas de ser una futura rea política del régimen sandinista, la alcaldesa del municipio de Wiwilí de Jinotega, Reyna Esmeralda Hernández Mairena, quien le giran una orden de captura de manera arbitraria a través del sistema judicial del FSLN.

El fracaso Poder Judicial de Nicaragua el pasado 12 de junio de 2020, la jueza local penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, además de ordenar la captura de Hernández, también dictó la “suspensión en el desempeño del cargo como alcaldesa del municipio de Wiwilí”; una maniobra ilegal, de acuerdo a la alcaldesa.

La jueza Diana Jarquín expresa que Hernández “queda inhibida de ejercer las funciones, atribuciones y competencias propias del cargo conferidas conforme la Ley 40, Ley de municipios”.

El artículo 24 de la Ley 40, Ley de Municipios, indica que una de las causas para que el alcalde, alcaldesa, vicealcalde, vicealcaldesa, concejales y concejalas, lleguen a perder su condición es mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito que merezca pena más que correccional por un término igual o mayor al resto de su período. Sin embargo, la jueza obvió que Hernández todavía no tiene una sentencia firme.

La alcaldesa Reyna Hernández tiene un proceso en el Juzgado Local de Jinotega, por “desobediencia o desacato a la autoridad, en perjuicio de la administración de justicia y otras víctimas”. Esta acusación está relacionada con una sentencia de la jueza Aida López Henríquez, del Distrito Laboral de la Circunscripción Norte que ordenó a la Alcaldía de Wiwilí de Jinotega, pagar 16.5 millones de córdobas por liquidaciones laborales a 36 extrabajadores de la comuna.

“Este es un proceso ilegal, porque realmente el delito no lo puede cometer la alcaldesa”, aseguró Maynor Curtis Lovo, abogado de Hernández. La alcaldesa declaró a Onda Local que, tal y como ha indicado su abogado, sería el Concejo Municipal de Wiwilí el responsable de cumplir la sentencia laboral, ya que este órgano representa la máxima autoridad normativa a nivel municipal.

“Es un proceso ilegal, desde el momento que me enjuician por algo que no es a mí que me tienen que enjuiciar porque es el Concejo la máxima autoridad. Es un monto de 16 millones. Nosotros no podemos pagarlo porque no tenemos los fondos, el mismo gobierno nos quitó las transferencias, la juez manda a que veamos cómo lo vamos a incorporar al presupuesto, quien hace eso es el Concejo, no soy yo como alcaldesa”, dice el experto.

Hernández asegura que no le sorprende este acto de venganza política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues es algo que ya se lo esperaba. “Ya me habían dicho que tal vez seis meses podía gobernar, con dificultades llevo dos años, nos quitaron las transferencias, pero aun así, hemos hecho mucho por el pueblito de Wiwilí”.

Reyna Hernández hace un llamado a la población del municipio de Wiwilí de Jinotega a mantener su moral en alto y a respaldar al vicealcalde, Manuel Blandón, quien sigue en el cargo de la alcaldía.

“No me han sacado porque robé, porque hice fraude, porque regalé propiedades de la comuna, me están haciendo este proceso simplemente por cosa política, que mi pueblo se sienta tranquilo, que se sienta alegre porque no les defraudé”, señaló.

“Si hoy ya no estoy en mi municipio, si ya mi cargo no lo voy a seguir ejerciendo, me voy con la moral en alto, me voy muy tranquila porque aún personas sandinistas no están de acuerdo con lo que me están haciendo, es un robo el que le están haciendo al pueblo, a mí no me están robando. Los extrabajadores sandinistas le están robando al pueblo de Wiwilí casi 17 millones de córdobas cuando por Ley lo que les corresponde es menos de dos millones”, dijo categóricamente la alcaldesa Reyna Hernández.