“Libertad inmediata”, es la solicitud hecha por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para el preso político Kevin Solís, quien fue secuestrado el 6 de febrero de los corrientes, a sólo dos días después de haber sido parte de una protesta en la Universidad Centroamericana.

“La opinión concluyó que dicha detención fue arbitraria y pide al gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para remediar la situación del joven poniéndolo inmediatamente en libertad”, indica el comunicado.

El grupo de trabajo, hizo el pedido al gobierno de Nicaragua brindar información para contrastar la denuncia, sin embargo, la dictadura no respondió la comunicación.

Solís está preso en el sistema penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo” con una condena de cuatro años y seis meses de cárcel por el supuesto delito de robo agravado contra un simpatizante del régimen Sandinista.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas afirma que la privación de libertad de Kevin Solis fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III conforme a sus métodos de trabajo.

“Primero, no hubo flagrancia delictiva y el delito fue realizado por individuos vestidos de civil sin que se presentara una orden de arresto expedida por el juez o por autoridades competentes. Además, Solís fue sujeto de una desaparición forzada tiempo en que su derecho a la seguridad personal fue flagrantemente violado. Segundo, la detención de Solís fue resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión y asociación pacífica y la participación en asuntos políticos. Tercero, porque en su proceso judicial fueron denegadas las garantías esenciales debido proceso”, indican.

Dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, el Grupo de Trabajo reiteró su solicitud “el gobierno debería tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

El Grupo de Trabajo remitió el caso al Relator Especial sobre la Tortura para que tome las medidas correspondientes, “solicitar tanto a los solicitantes, como al gobierno que provea la información de seguimiento al caso en un periodo de seis meses”.